El PP copió la fórmula de Zapatero que obliga a subir los peajes de la AP-9
Ana Pastor firmó un convenio con Audasa que compensará con subidas de peaje los descuentos que aplica la concesionaria en el área de Vigo
No consigue la principal autopista de Galicia pasar demasiado tiempo lejos de los focos. La AP-9, que vertebra la fachada atlántica desde Ferrol hasta Tui, ha vuelto a generar una refriega política por la próxima subida de tarifas, algo superior al 3%, a partir del próximo año. Es un tema candente, pues en plena crisis económica los peajes del vial se encarecieron por encima del 40% en algunos tramos. En 2015 costaba un 30% más viajar entre A Coruña y Santiago que en 2008, por ejemplo.
A esta polémica se suma la negativa del Gobierno central a traspasar la titularidad de la autopista solicitada en dos ocasiones y de manera unánime por el Parlamento gallego y los atascos acaecidos en los últimos años durante el verano, que intensificaron las críticas contra la concesionaria, Audasa. El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, ha resuelto las preguntas sobre la subida de tarifas echando la culpa al Gobierno de Zapatero. «Esto es una decisión que viene de un Gobierno socialista», dijo, “y ahora tiene sus consecuencias”, zanjó el líder del PP gallego.
El convenio de José Blanco
Efectivamente, un 1% de la subida se debe al convenio suscrito en 2011 para llevar a cabo las obras del Puente de Rande y la circunvalación de Santiago. Aquel acuerdo, con José Blanco como Ministro de Fomento, establecía que la concesionaria asumía la inversión para la ampliación de capacidad del vial financiándola mediante emisiones de obligaciones.
Y para compensar el coste de la actuación, se autorizaba “un incremento extraordinario de tarifas en los recorridos con pago directo por los usuarios de la autopista AP-9, en todos sus tramos, del 1% anual acumulativo durante veinte años”.
Pastor copia el acuerdo «indecente»
Ana Pastor, entonces en la oposición, dijo que el acuerdo era “indecente” al incluir un “copago”. Sin embargo, dos años después, ya como ministra de Fomento, aplicaba la misma fórmula con Audasa. En este caso, el convenio se articuló para bonificar tramos en las conexiones en las áreas de Vigo y Pontevedra. Se trataba de que los usuarios que realizaran el trayecto en el mismo día y por telepeaje pagaran la mitad, beneficiándose de una bonificación del 25% en la ida y del 75% en la vuelta. El descuento sigue vigente.
El acuerdo, que firmó Rafael Catalá como secretario de Estado de Infraestructuras, especificaba que para compensar los desequilibrios financieros en los que pudiera incurrir Audasa, “el Ministerio de Fomento, a solicitud de la concesionaria, y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará una actualización extraordinaria de tarifas que garantice que antes de terminar el periodo concesional el saldo conjunto resultante de la compensación se hace cero”.
Básicamente, significaba que si la concesionaria perdía ingresos, Fomento subía los peajes para compensarla. Sucedió esto más rápido de lo esperado, pues Audasa abrió un contencioso administrativo contra Fomento para reclamarle los 15,9 millones que, según sus cálculos, había dejado de ingresar y debían ser compensados subiendo las tarifas.
