Imagen de la protesta de Alcoa frente al Congreso de los Diputados

El plan de Sánchez para Alcoa permite despidos masivos en la industria

El proyecto del Estatuto Electrointensivo solo obliga a las industrias a devolver las ayudas si reducen su plantilla o actividad en más de un 85%

El Ministerio de Industria hizo público la noche del martes su proyecto de Estatuto para el Consumidor Electrointensivo, que busca dar una solución a la gran industria que, como Alcoa, se ve afectada por los altos precios de la tarifa eléctrica. A grandes trazos, el documento, que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene ahora en fase de exposición pública y espera tramitar de forma urgente para aprobarlo en el mes de marzo, apuesta por abaratar la factura de la gran industria mediante una compensación los cargos en su factura eléctrica destinados a financiar las renovables, cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de territorios no peninsulares que ascenderá a 92 millones de euros, además de las ayudas por emisiones de CO2, que el año pasado ascendieron a 172 millones de euros y que el Ejecutivo espera aumentar. La tercera pata sobre la que se asienta el estatuto está basada en el establecimiento de un mecanismo de cobertura de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) entre industrias y generadores eléctricos renovables. El Gobierno dará garantía a estos contratos (de un mínimo de cinco años) a través del fondo estatal CESCE. No obstante, tanto sindicatos como Xunta de Galicia y BNG ya han cargado contra el texto. Aseguran que no aporta soluciones para los grandes consumidores hiper-electrointensivos (como Alcoa), pero, además, hacen hincapié en que el texto, que ha traducirse en un decreto ley, no da seguridad a los trabajadores del sector.

Lo cierto es que el proyecto de estatuto, colgado en la página web del Ministerio de Industria, explicita que los consumidores eléctricos que se acojan a estos mecanismos de ayudas tienen la obligación de mantener “la actividad productiva durante un periodo de tiempo de, al menos, tres años a partir de la fecha de concesión”. No obstante, a mayores, el Ejecutivo especifica una serie de circunstancias en los que las industrias receptoras de las ayudas --que pueden llegar a ser 602 en España según la definición que hace el texto de consumidor electrointensivo-- tendrán que reintegrar las compensaciones otorgadas.

Reducción de más del 85% de la plantilla

Tendrán que hacerlo, según el texto, “si proceden de manera efectiva a reducir en un más de un 85% su capacidad de producción o se produce un despido colectivo que implique una reducción de un 85% de toda la plantilla de trabajadores”.

Este hecho ha despertado las críticas tanto de partidos como de, especialmente, sindicatos. La CIG explica que “una vez más, los procesos de transición ecológica resultan más justos para las empresas que para los trabajadores”. “Lo que significa este acuerdo, si se le da la vuelta, es que, con un 15% de la plantilla actual, las industrias seguirán reteniendo las ayudas percibidas para abaratar la factura eléctrica”, opinan.

Casos especiales

De hecho, el proyecto estatutario aclara, además, que “se podrán excluir del reintegro de los beneficios derivados de estos mecanismos a las empresas que reduzcan su capacidad productiva o su plantilla en más de un 85%, pero lo hagan de forma temporal durante el proceso de búsqueda de nuevos inversores” y siempre que ese proceso desemboque en un reinicio de la actividad productiva de la instalación recuperando, al menos, el 50% de su producción y de nivel de empleo anteriores.

Tanto CCOO como UGT y CIG ya han anunciado que presentarán alegaciones a un texto que, aseguran, debe garantizar una mayor cobertura al empleo. De la misma opinión es el BNG. El diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, indicó este miércoles que el estatuto electrointensivo, tal y como está planteado, es “insuficiente”, ya que “no garantiza la estabilidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo”. 

Alegaciones

Lo cierto es que el documento hecho público por el Gobierno está sujeto a fuertes críticas. No solo a las de los sindicatos, que destacan el tema del empleo. La Xunta de Galicia también ha indicado que, a falta de un estudio más pormenirizado, semeja más "una operación estética" que un texto que de verdad vaya a servir para regular la factura de la gran industria.

Eso sí, tanto la Xunta de Galicia, como la propia Alcoa, y las patronales de la gran industria consumidora de electricidad han indicado que no adelantarán si van o no a presentar alegaciones hasta dentro de unos días, cuando hayan estudiado en profundidad el texto. La plantilla de la factoría de Cervo ya ha indicado que el proyecto no aporta soluciones a su situación e incluso especifican que la reducción de la factura puede ser menor a la conseguida en años anteriores.

“De todo lo expuesto, se calcula que la reducción que se conseguirá en la tarifa eléctrica es de 12,5 euros por megavatio incluyendo las ayudas por emisiones de CO2 y las bonificaciones por cargos. Teniendo en cuenta que la reducción en 2019 fue de 17 euros con las ayudas a la ininterrumpibilidad (que ahora se eliminan) y las de CO2, el Gobierno reduce las ayudas a la industria electrointensiva”, indican desde el comité de empresa de Alcoa 

Compensaciones por emisiones de CO2

La mayoría de las voces críticas con el texto del ministerio de Reyes Maroto especifican, además, que el Gobierno debe ampliar las compensaciones por costes de emisiones de C02 al máximo que permita Europa, algo que no se especifica en el proyecto.

Fuentes del Ejecutivo avisan, no obstante, de que así será. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha asegurado este miércoles que la voluntad del Gobierno de España es alcanzar el presupuesto "máximo posible". En todo caso, otro de los hándicaps que las voces más críticas apuntan es que la mayoría de las ayudas o compensaciones que se aportarán a la gran industria vienen determinadas por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, unas cuentas que no están completamente garantizadas en el caso de un Ejecutivo, como el actual, que no tiene la mayoría absoluta de la Cámara.

 

Un artículo de C. Díaz Pardo

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