El nuevo ‘padre’ de Pocoyó acusa a su predecesor de saquear Zinkia

Miguel Valladares litiga contra José María Castillejo por los incentivos y blindajes aprobados tras la salida del concurso de la productora

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El empresario mexicano, Miguel Valladares, no se ha conformado con tomar el control de Zinkia, la productora audiovisual del famoso  personaje dibujos animados Pocoyó.

Además de desbancar de la presidencia al conde de Floridablanca, José María Castillejo, el nuevo máximo accionista ha puesto en manos de la justicia una riada de iniciativas tendentes a demostrar el saqueo cometido por los anteriores responsables de la productora de dibujos animados.

Ha sido uno de los pasos dados por la primera junta de accionistas, ya controlada por Valladares, tras procederse el pasado 8 de junio al traspaso, a su favor, de 8,2 millones de acciones de Jomaca 98, la sociedad controlada por Castillejo.

Fin a un largo pleito

La consumación de esta operación ponía fin al litigio entre ambos, derivado de la ejecución de un crédito otorgado por Bankia a Castillejo, garantizado con el 33% de la participación que Castillejo ostentaba en Zinkia. Con un nominal de 16 millones de euros, Valladares lo adquirió por 3 millones.

Tras el traspaso de las acciones, el empresario azteca, que tenía el 11,2% de la productora, alcanzaba el 44,97%, mientras que Castillejo veía diluida su participación del 64,7% al 30,94%.

Solo 28.000 euros de beneficio tras reformular las cuentas

Además de los sobrevenidos cambios en el consejo, lo primero que hizo Valladares, para hacer valer su posición, fue evitar que la junta de accionistas del pasado 14 de junio, convocada un mes antes por Castillejo, aprobara las cuentas de 2015.

A partir de aquí, el pasado 12 de julio el consejo presidido por Valladares tomaba la decisión de reformular las cuentas y convocar la junta de accionistas, la celebrada el pasado lunes. La que ha refrendado dicha reformulación contable, que reduce los beneficios de 631.000 a 28.000 euros.

Fraude y lucro personal

La junta también ha revocado los acuerdos del anterior consejo relativos al plan de entrega de acciones por entender que «constituyen una actuación en fraude de los intereses de la compañía buscando el lucro propio de los consejeros y del resto de beneficiarios». 

Dicho plan, puesto en marcha con la salida de Zinkia del concurso de acreedores, tenía como principal finalidad establecer un sistema retributivo complementario, de cara a lograr una mayor alineación entre los intereses de los beneficiarios y los de la empresa.

Consistía en la entrega de acciones ordinarias a los beneficiarios dependiendo del cumplimiento de determinados indicadores sobre el valor de cotización de las acciones y de que los beneficiarios del plan tuviesen relación laboral o mercantil con Zinkia en las fechas de entrega de las acciones. 

Procedimiento penal

Lo que no llevó Valladares a la junta fue la estrategia judicial seguida contra su antecesor. Bastó el acuerdo del consejo, del pasado 12 de julio para poner en conocimiento del juzgado de instrucción 54 de Madrid –el que instruye las diligencias previas del plan de entrega de acciones– y ampliar la querella que dio origen a dicho procedimiento penal. 

Las indicadas diligencias previas se abrieron a raíz de la querella presentada por Valladares contra José María Castillejo y Jomaca 98 por la presunta comisión de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falseamiento de información económica a consumidores, estafa y falsedad documental. A las mismas se acumuló la denuncia presentada contra el propio Castillejo por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos. 

Las principales variaciones recogidas en la reformulación de cuentas, respecto a las cuentas formuladas el pasado 31 de marzo por el anterior consejo, se relacionan con el proyecto y la marca Shurikan Scholl, con un deterioro de casi 374.000 euros, y con los 500.000 euros registrados como provisión frente a las contingencias que pudieran derivarse de la revocación del plan entrega de acciones, pensando en la reacción de Castillejo y el resto de beneficiarios.

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