El nuevo canon de Industria gravará a un centenar de proyectos mineros

Galicia comenzó el año agitada por el auge de los proyectos mineros a gran escala, que tuvieron como referencia la mina de oro en Corcoesto (A Coruña) y la extracción de feldespato en A Limia (Ourense). Algo más de diez meses después, la situación parece haber dado un vuelco. La Xunta ha frenado la extracción en tierras ourensanas, ha cambiado el interés en el proyecto de la multinacional canadiense Edgewater en suelo de Bergantiños por negativas y, para completar el viraje, aplicará un nuevo canon en el sector minero. Lo anunció el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el debate sobre el estado de la autonomía, y lo completó el conselleiro de Industria, Francisco Conde, esta misma semana, precisando que el impuesto se aplicará a los minerales metálicos, aquellos cuya extracción entraña más riesgo medioambiental.

Se desconoce, por el momento, cómo se aplicará la nueva tasa, pero lo cierto es que afectará a muchos de los derechos mineros repartidos por Galicia, más de un centenar en manos de empresas con permisos de investigación o explotación ya tramitados. En concreto, hay 64 permisos concedidos para oro, plata y wolframio, además de otros 29 solicitados al Gobierno gallego. A estos hay que sumar 37 permisos otorgados para la investigación o extracción de estaño, muchos de ellos vinculados a las explotaciones de wolframio, y otras tantas solicitudes en fase de tramitación, según los datos de la Cámara Oficial Mineira de Galicia.

Mineira de Corcoesto concentra la mayor parte de los permisos de exploración y explotación de oro, con nueve, aunque en el censo minero figurán hasta doce derechos de investigación para la búsqueda del metal precioso. Uno de ellos está en manos de Salamanca Ingenieros, en la provincia de Pontevedra. Esta sociedad es la filial española de Pacific Strategic Minerals, que está cerca de explotar una mina de Tantalio en la aldea ourensana de Penouta.

Proyectos en marcha

A la búsqueda de plata se suma alguna empresa más, como la madrileña Goldquest Ibérica, filial de otra multinacional canadiense, que realiza exploraciones en varios ayuntamientos lucenses (A Fonsagrada, Baralla, Baleira y Becerreá), una zona especialmente compleja, ya que se extiende entre dos territorios reserva de la biosfera.

Los derechos mineros a los que apunta Industria superan holgadamente el centenar. Esto no implica que los proyectos vayan a llevarse a cabo y que, por tanto, la Xunta pueda aplicarles la tasa, que también afectará a los que estén ya en fase de explotación. Una empresa, como sucede en la mayoría de casos en Galicia, puede tener el permiso para extraer el mineral pero no llegar a tramitar el proyecto. En el lado opuesto, también puede reunir los derechos sobre varias cuadrículas mineras en una misma explotación, como hizo Endesa en la vieja mina de lignito de As Pontes, que se desarrolló sobre 14 derechos.

El caso del wolframio

La otra particularidad del nuevo gravamen es que, al igual que con el canon eólico, se aplicará a las extracciones que ya estén en marcha. Sería el caso, por ejemplo, de la mina de Incremento Grupo Inversor en Lousame. El primer grupo gallego del wolframio está en concurso de acreedores y ha paralizado la extracción, que espera reabrir el próximo año. Si recupera la actividad, tendrá que afrontar el pago de la nueva tasa.

Incremento Grupo Inversor tiene, además de en Lousame, derechos de explotación en Sanxenxo, Santa Comba y otros puntos de la provincia de Ourense. Es junto a la empresa coruñesa Leitosa S.A.U., con diez permisos en la comarca de Bergantiños para la extracción de estaño y wolframio; y la firma alicantina Oberón, con derechos de explotación en las proximidades de Santiago, uno de los principales afectados por el canon.

Los grandes proyectos extractivos

También lo será la propia Mineira de Corcoesto si finalmente consigue convencer a la Xunta de que su proyecto  cumple los requisitos técnicos y financieros para llevarse a cabo. Presentará batalla, pero todos los mensajes que llegan desde el Gobierno gallego en las últimas semanas apuntan en la dirección contraria. El último lo emitió el conselleiro de Industria e invitaba a la multinacional canadiense a presentar un nuevo plan de extracción, lo que implicaría volver a tramitar la Declaración de Impacto Ambiental positiva que obtuvo en diciembre del año pasado.

Pero no es el único gran proyecto minero que quiere asentarse en Galicia. Otra compañía canadiense, Solid Mines, busca tantalio en los montes de Forcarei y Beariz, un mineral que, al igual que el wolframio, tiene importantes aplicaciones para la industria tecnológica y, además, escasea.

Según consta en el censo minero, Solid Mines, la filial de la empresa radicada en Vancouer Solid Resources, tiene un permiso de exploración para buscar –además de tantalio– wolframio, estaño, litio y niobio; y ha solicitado a la Xunta otro permiso en una zona colindante.

En ese mismo espacio, ostenta un permiso de investigación Pacific Strategic Minerals, otra compañía canadiense, que planea abrir una mina en el municipio ourensano de Viana. También para extraer Tantalio.

¿Cambio de rumbo?

Todos estos proyectos estarán sometidos a una nueva carga impositiva por parte de la Xunta, en la que muchos ven un cambio de actitud respecto al boom de la minería que pareció emerger en medio de la crisis económica.

Pese a todo, los colectivos más activos contra los grandes proyectos mineros, al menos contra algunos de los que siguen planeando sobre tierras gallegas, siguen alerta. Serafín González, el presidente de la Sociedade Galega de Historial Natural, matiza que todavía es pronto para hacer suposiciones sobre un cambio de rumbo en la política del Gobierno gallego: “Puede ser una respuesta a las críticas contra la presencia de empresas foráneas, que vienen a tomar beneficios y desaparecer, para hacer un lavado de cara. O bien, puede ser una voluntad real de que ese patrimonio público de recursos naturales redunde en el bienestar social”, explica.

“En todo caso, la cantidad de permisos y derechos suponen una cifra muy elevada que convierten Galicia en una especie de gran mina”, concluye.