El juez Ruz impone 1.200 millones de fianza a diez altos cargos de Pescanova

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El ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, deberá depositar 178,8 millones de euros

02 de septiembre de 2013 (14:03 CET)

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto fianzas que suman los 1.200 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a una decena de altos cargos de Pescanova y seis sociedades ligadas al grupo alimentario.

Entre ellos, se encuentra el ex presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, que deberá depositar 178,8 millones de euros. Por su parte, los consejeros Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas tendrán que entregar 125 y 54,7 millones de euros, respectivamente.

A la espera de declarar

El magistrado imputó a Manuel Fernández de Sousa antes del verano por un supuesto delito de uso de información privilegiada y falseamiento documental.

Tanto el ex presidente de Pescanova como el resto de imputados todavía no han declarado ante la Audiencia Nacional. El juez Ruz pospuso su comparecencia a la espera de conocer el resultado del informe forense de KPMG y debido a que la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía, UDEF, estaba estudiando bajo su encargo el patrimonio del empresario gallego.

Informe concursal

Ruz impone esta fianza la misma jornada en la que está previsto que los actuales administradores concursales de la pesquera, Deloitte, presenten en los juzgados de Pontevedra el informe concursal sobre la situación de la compañía, que tiene un agujero patrimonial de cerca de 1.000 millones de euros y una deuda bancaria que excede los 3.200.

El magistrado ha impuesto también fianzas de 69,4 millones a los directivos Pablo Javier Fernández Andrade, Fernando Fernández de Sousa, Robert Albert Williams, Jesús García García, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas y Alfredo López.

Sociedades

Por su parte, la sociedad Pescanova SA. tendrá que entregar en el Juzgado una suma de 54,8 millones mientras que Inverpesca SA, Sociedad Gallega de Importación de Carbones S A, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, ISS Holding Limited y Inverlema S.L deberán depositar 69,4 millones de euros cada una.

Esta suma servirá para garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa, en la que se investiga el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.

Imputación

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aseguraba en un auto fechado el pasado 23 de mayo que los administradores de Pescanova "valiéndose de una información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad" proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones.

De hecho, el auto precisaba que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos. Ruz agregaba que las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros "no reflejaban la imagen fiel" de la compañía como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. El pasado mes de marzo quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova solicitó la declaración de concurso de acreedores.

Venta de acciones

En concreto, según los datos que constan en la causa, Fernández de Sousa vendió, a través de la Sociedad Anónima de Desarrollo y Control (Sodesco), 1,6 millones de acciones a un precio medio de 16,26 euros entre enero y febrero de 2013, mes en el que la empresa de declaró en concurso de acreedores. El expresidente obtuvo de este modo 27,4 millones de euros y evitó una pérdida de 15,6.

Por su parte los consejeros Paz Andrade y Pérez Nievas vendieron en los mismos meses 344.972 y 110.000 títulos los que les supuso sendos ingresos de 5,8 y 1,8 millones de euros respectivamente.

En un auto fechado el pasado 16 de agosto pero notificado este lunes, el juez concede un plazo de 10 días a los directivos y sociedad afectados para que hagan efectiva la fianza y advierte de que en caso contrario se procederá al embargo de sus bienes. Los imputados prestarán declaración ante el magistrado los próximos 16 y 17 de octubre.


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