Manuel Manrique Cecilia, presidente de Sacyr, en una imagen de archivo. EFE

El juez investiga a la Xunta por los permisos mineros a Sacyr

La falta de controles sobre la actividad y vertidos de la mina de San Finx está detrás de la investigación al director xeral de Minas, Angel Tahoces

La reapertura de la histórica mina de San Finx, un yacimiento de wolframio que estuvo en manos de Banco Pastor a través de Industrias Gallegas y que fue objeto de deseo de la Alemania nazi en plena Segunda Guerra Mundial, ha acabado con una investigación judicial a la dirección xeral de Enerxía e Minas de la Xunta y a su responsable, Ángel Bernardo Tahoces, llamado a declarar como investigado el próximo 2 de mayo en los juzgados de Noia (A Coruña) por presuntos delitos de prevaricación ambiental.

Las diligencias abiertas a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente investigan posibles irregularidades en las autorizaciones para la explotación de la mina y para la realización de vertidos desde el año 2009, salpicando a los dos grupos empresariales con actividad en el yacimiento de Lousame.

El primero fue Incremento Grupo Inversor, quien reabrió la mina después de dos décadas sin actividad y acabó quebrado a los pocos años a causa de la falta de financiación y las peleas entre los socios. Tras otro parón y con el primer grupo gallego de wolframio en liquidación, la división minera de Sacyr se hizo con el proyecto en 2015 mediante la filial Tungsten San Finx, que continúa a día de hoy con la explotación minera.

Mina de San Finx, propiedad de Sacyr
No era oro, pero casi. El wolframio era un elemento clave para el armamento en la Segunda Guerra Mundial por lo que las minas de Galicia fueron objeto de deseo de la Alemania nazi, una vez finalizada la Guerra Civil española. La de San Finx, que la imagen muestra en la explotación actual de Sacyr, estuvo bajo el mando del Banco Pastor a través de la filial Industrias Gallegas

Ausencia de declaración de impacto ambiental

Los hechos investigados, según las fuentes consultadas por este medio, afectan a la actividad de ambos grupos y a las posibles irregularidades en las que habría incurrido la Dirección Xeral de Enerxía e Minas para otorgarles permisos y autorizaciones sin mediar, presuntamente, los necesarios controles ambientales. En definitiva, se investiga si Tahoces omitió determinados requisitos y procedimientos de control ambiental para favorecer la actividad de las empresas.  

La documentación recopilada por la Fiscalía en una causa en la que es acusación particular la asociación ecologista Verdegaia, señalaría tres puntos clave en los que la dirección de minas, dependiente de la Consellería de Economía, podría haber incurrido en delito. Por un lado, la ausencia de la declaración de impacto ambiental en la reapertura de la mina en 2009 que había exigido a regañadientes el bipartito, pero que nunca llegó a realizarse.

El departamento de Tahoces aprobó del proyecto de explotación, según las mismas fuentes, sin cumplir este trámite y sin que Augas de Galicia y la Consellería de Medio Ambiente realizaran estudio alguno. Tanto el Igape, en la etapa del bipartito, como el Ministerio de Industria habían otorgado ayudas a Incremento Grupo Inversor para retomar la actividad. La empresa acabó quebrando sin poder cumplir las condiciones de las subvenciones.

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De este color quedó en 2016 el agua de Rego do Espiño, un arroyo afectado por los metales tóxicos procedentes de aguas residuales de la actvidad minera de San Finx. La autorización del vertido está siendo ahora investigado por posibles irregularidades / La imagen es de Adega

Un arroyo de color naranja

Por otro lado, los vertidos de aguas residuales que inundaron las galerías mineras tras los años de inactividad. A finales de 2016 saltaron todas las alarmas entre los grupos ecologistas debido a uno de estos vertidos, realizado por Sacyr –hubo uno anterior de Incremento Grupo Inversor, según las fuentes consultadas--, que tiñó de color cobrizo el agua del arroyo Rego do Espiño, con riesgo de afectar a la ría de Noia. Ahora se investiga si la autorización de este vertido se hizo de manera irregular y la ausencia de sanciones por la contaminación de las aguas, una vez acreditado por Augas de Galicia que superaron los límites máximos permitidos para cobre, zinc y cadmio tras el vertido.

Falta de control sobre las balsas mineras

Adicionalmente, según explican las mismas fuentes, durante el proceso de reapertura de la mina y su traspaso desde Incremento Grupo Inversor a Sacyr, desaparecieron dos presas de lodos que formaban parte de la instalación minera. En la documentación de 2009, en el proyecto de explotación y restauración de San Finx, no figuran estas balsas que sí estaban documentadas con anterioridad, motivo por el que las empresas tampoco tuvieron exigencia alguna sobre su control y posterior reparación. Así lo denunciaron diversas entidades ecologistas, pero la dirección xeral de Minas de Bernardo Tahoces alegó que las presas no formaban parte del complejo minero.

Ángel Bernardo Tahoces, director xeral de Enerxía e Minas / Xunta
El director xeral de Enerxía e Minas, Angel Bernardo Tahoces

Un artículo de Rubén Rodríguez

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