El juez imputa por estafa al jefe de Hércules de Armamento

Al director de Hércules de Armamento, la empresa concesionaria de las instalaciones de la antigua Fábrica de Armas, empiezan a crecerle los problemas. Ramón Mejuto, que todavía no ha logrado dar con un inversor que confíe en su proyecto, tendrá que declarar el próximo día 3 de diciembre en el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña imputado como presunto autor de un delito de estafa.

Según ha podido saber Economía Digital, el director de Hércules de Armamento deberá acudir al juzgado para responder por supuestas irregularidades relacionadas con las cuentas de la empresa. También comparecerán en calidad de testigos algunos de los miembros del equipo gestor en los primeros meses de andadura del proyecto.

Conflicto entre socios

La citación guarda relación con la querella presentada este mismo verano por el que fuera su socio, Juan José Gómez Rey, a quien el propio Ramón Mejuto decidió cesar de su cargo el pasado mes de abril junto con otros dos ejecutivos de la empresa y dar entrada a su hijo, Jorge Mejuto, en calidad de apoderado.

Pero las desavenencias entre los dos socios iniciales que pusieron en marcha el proyecto no quedan ahí. Mejuto forzó el pasado mes de julio la expulsión de Gómez Rey del capital de Hércules de Armamento por medio de una operación acordeón. Un mes antes, ya apartado de la empresa, Gómez Rey solicitó ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña una auditoría a Hércules de Armamento por su disconformidad con las cuentas.

Futuro en el aire

Mientras todo esto ocurre, la fábrica continúa con su actividad, aunque no exenta de problemas. A la falta de un socio inversor con perfil industrial se suman los retrasos en el pago de nóminas de algunos trabajadores y la necesidad de nuevos contratos que garanticen la viabilidad de la factoría.

Defensa, por su parte, bendijo el cumplimiento de los objetivos por parte de Hércules de Armamento cumplido el primer año de la concesión. No obstante, el Ministerio no aclara si la empresa asumió el pago de los más de 200.000 euros correspondientes a la segunda anualidad del canon, como exige el convenio de cesión de las instalaciones.