El juez Castro llama a declarar a Villar Mir como imputado

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El dueño de Ferroatlántica y de OHL declarará en calidad de investigado por las obras de la sede nacional del PP y del hospital Son Espases, en Palma

Juan Miguel Villar Mir, en un reciente desayuno informativo / EFE

en A Coruña, 29 de noviembre de 2016 (17:53 CET)

Más problemas para Villar Mir, el dueño de Ferroatlántica y de OHL, esta vez en Palma. El titular del Juzgado de Instrucción número 3, José Castro, el mismo que procesó a la Infanta Cristina, ha citado a declarar, a petición propia y en calidad de investigado, al exministro, quien será interrogado el 9 de enero por videoconferencia en el marco de la causa que investiga la adjudicación presuntamente irregular de las obras del hospital de Son Espases, así como su vinculación con la reforma de la sede nacional del PP. 

Junto a Villar Mir también han sido emplazados a declarar ese mismo día un total de seis testigos, quienes intervinieron en uno de los informes emitidos de cara a la adjudicación de las obras. Mediante una providencia dictada este martes, Castro insta asimismo a un letrado a que aporte el contrato suscrito entre la UTE Garrigues-Bearing Point con la Conselleria de Sanidad relativo a su intervención en el proceso de construcción y explotación de la infraestructura hospitalaria, por la que cobró 385.500 euros públicos.

Recorrido legal

Recientemente, la Audiencia Provincial de Baleares rechazó archivar la imputación de Villar Mir al entender que esta cuestión debe planteársela a Castro una vez finalizadas las investigaciones y no ahora. La defensa de Villar Mir, cuya constructora partía a nivel técnico como ganadora en el concurso de Son Espases y finalmente fue desbancada por Dragados -(una de las filiales de ACS), recrimina que se dirijan acciones penales contra él "por ser quien es" en base a "conjeturas imprecisas", "vaguedades" y "buscando lo que no existe".

La causa se encuentra pendiente de que la Audiencia confirme o no su complejidad y, por tanto, si debe ésta alargarse doce meses más a contar desde el pasado mes de junio, cuando Castro ya acordó prolongar un año las pesquisas. La Abogacía de la Comunidad Autónoma es la única acusación que pide un año más de instrucción al considerar que lo extenso de las pesquisas hace necesario que se alargue su duración para esclarecer las supuestas irregularidades que rodearon a la concesión de Son Espases y si los trabajos realizados en la sede del PP fueron sufragados de forma ilegal por parte de las empresas que optaron a la construcción del hospital.
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