El ‘ingreso mínimo vital’ de la Xunta acumula quejas

La Xunta ha puesto como aval para gestionar el ingreso mínimo vital del Gobierno su experiencia con la Renda de Inclusión Social (Risga), una prestación que lleva activa en Galicia desde los años noventa, pero que ha ido acumulando problemas sobre todo a raíz de la crisis económica y de los retrasos del Gobierno gallego para concluir su regulación, algo que sucedió en 2019 tras casi cinco años de espera.

Alberto Núñez Feijóo solicitó a Pedro Sánchez que deje a Galicia “seguir gestionando la renta de integración social igual que lleva haciendo los últimos 30 años con la Risga para que llegue con agilidad a las familias”. Sin embargo, los retrasos en la concesión de la prestación fueron una de las quejas más frecuentes a lo largo de su trayectoria.

En una situación tan delicada no se entiende que la lucha contra la exclusión social se subordine a los cálculos políticos del Gobierno central con negociaciones unilaterales con partidos nacionalistas. No es respetuoso que se juegue así con una prestación de primera necesidad https://t.co/7hBpqpcfJh

— Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) May 31, 2020

De ello quedó constancia en los informes del Valedor do Pobo, que en su memoria de 2017 y con Milagros Otero al frente de la institución, explicaba que “antes eran numerosos los casos en los que conocíamos amplios retrasos en los trámites de la Renda de Inclusión Social. De ese retraso eran responsables la Consellería competente, los concellos o, en algún caso, ambos”.

“En muchas ocasiones fue preciso reclamar la resolución urgente para recordar que se trata de ayudas de subsistencia que abordan situaciones de exclusión o riesgo de exclusión social y necesidades personales e familiares que no admiten demoras. En numerosas ocasiones subrayamos que no si no se pagan con prontitud pierden su sentido. Desde 2015 se conocen muchas menos quejas por atrasos en las risgas y confirmamos una tramitación más rápida que antes reclamábamos con insistencia”.

Incumplimientos del plazo legal

De esta manera, la valedora daba por zanjado, al menos de momento, el problema de los atrasos que se arrastraron durante toda la crisis económica, a medida que las solicitudes se intensificaban. El pico se alcanzó en 2016 con 10.761 beneficiarios, frente a los 6.718 que había en 2012. Desde entonces no se bajó de las 10.000 personas con risga –un ingreso básico de 400 euros que puede subir por encima de los 600 en determinadas condiciones–, lo que casi triplicó la partida presupuestaria destinada por la Xunta a esta materia, de los 23,7 millones de 2012 a los 62,4 millones de 2018.

Un caso paradigmático de aquel año 2012 fue el de una persona que recibió la aprobación de la ayuda el 3 de septiembre, pero en enero del año siguiente continuaba tramitándose el expediente sin que se le otorgara provisionalmente la prestación tras superarse el plazo legal de tres meses.

El vacío normativo

Tras solventar el problema de los atrasos, la risga todavía estuvo modificándose a nivel normativo en los últimos años. No fue hasta 2019, ya con Fabiola García como conselleira de Política Social, cuando se desarrolló la normativa a través de un decreto que llegó con años de atraso respecto a lo previsto por la ley de inclusión de la Xunta de 2013.

“Son frecuentes la quejas por la falta de reconocimiento de los complementos previstos en la Lei 10/2013. Como venimos comprobando, se debe al atraso del desarrollo reglamentario de esa ley”, decía la valedora en su último informe. Además, urgía el cambio normativo para “flexibilizar el requisito de la vivienda independiente, que en muchos casos no podía cumplirse y lleva a la pérdida de la renta”.

Añadía que la mayoría de las quejas se referían a aspectos del reconocimiento de renta, de su retirada o suspensión, de atrasos en los recursos administrativos y de la cuantificación posterior del pago de esos atrasos, entre otras cuestiones.

Además, las quejas de una familia a la que le retiraron la risga por darse de alta como autónomos obteniendo unos ingresos de solamente 140 euros al mes forzó un cambio normativo, que permitiera compatibilizar los bajos ingresos con el cobro de la prestación.