El informe de Hacienda, clave en la resolución del ‘caso Carulla’
Las liquidaciones que presente la Agencia Tributaria condicionarán la resolución judicial, ya que son la única vía para calcular el alcance de los posibles delitos fiscales
Juez, fiscales, acusados, defensores… todos están expectantes y esperando el dictamen de Hacienda. El caso Carulla, en el que se juzga a los cinco hermanos de la familia propietaria del grupo alimentario Agrolimen, pende ahora de ese informe. Encargado en el marco del proceso abierto por presuntos delitos fiscales, el resultado que presente la administración tributaria será la clave para determinar si hubo o no delito y su gravedad penal.
Hacienda está ultimando este informe en el que también se analizan los datos extraídos de la documentación aportada por la defensa al juez Josep María Miguel Porras, encargado de la investigación.
Las consecuencias tributarias que se deriven de este informe son la clave de bóveda para despejar las dudas que existen sobre una operación de intercambio de acciones entre empresas dudosas y constituidas por la familia Carulla.
En busca de 160 millones
El fiscal, el propio Ministerio de Hacienda y el juez sospechan de varios movimientos accionariales por valor de 61 millones de euros, aunque otras operaciones podrían elevar la suma presuntamente defraudada a 160 millones.
Con el informe de Hacienda se responderán a dos preguntas esenciales: si los intercambios de acciones entre los hermanos se ajustó al valor de mercado y si los Carulla desatendieron las obligaciones fiscales derivadas del cruce accionarial y a las que los miembros del clan familiar estarían obligados en territorio español.
Subsidiariamente, la investigación esclarecerá si la red de empresas –radicadas en paraísos fiscales– investigadas eran sociedades instrumentales de los Carulla para evadir impuestos, o si por el contrario están dotadas de contenido y están justificadas dentro del conglomerado de Agrolimen.
Blanqueo de capitales
Hacienda vuelve a tener la palabra y ahora está en sus manos demostrar si hubo o no delito. Las pesquisas se iniciaron como una derivación del llamado caso Petrus, cuando la policía, a instancias del Ministerio, registró un bufete de abogados con este nombre. Sobre sus actividades recaían sospechas de presunto blanqueo de capitales en el caso BBVA-Privanza (entidad que operaba en el entonces paraíso fiscal de la isla Jersey), en 2002.
Los abogados de Petrus se habían especializado en la edificación de tramas societarias off-shore de las que se beneficiaban grandes fortunas españolas en su intento de eludir las obligaciones fiscales.
