El grupo de Florentino Pérez pide año y medio de cárcel para nueve sindicalistas por el conflicto de Nostián

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La Fiscalía asume la tesis de la empresa y establece una fianza de 400.000 euros y reclama penas de entre uno y dos años de prisión por coacciones a los trabajadores en la huelga de 2013

Florentino Pérez

en A Coruña, 06 de junio de 2016 (14:58 CET)

Albada, la empresa que gestiona la planta de residuos de Nostián en A Coruña, y la Fiscalía solicitan penas de prisión para nueve sindicalistas por presuntas coacciones y delito contra los derechos de los trabajadores en la huelga convocada en 2013.

La empresa que gestiona la planta es propiedad de Urbaser, filial del grupo ACS de Florentino Pérez, que compró a Babcock, el otro socio de la UTE, el 26% que tenía en su poder. Empresa y fiscal acusan a los miembros del comité de huelga de dar "instrucciones" al conjunto del personal "para impedir el acceso a la planta durante las 24 horas del día" para realizar su trabajo, además de obstaculizar la entrada a las instalaciones de vehículos particulares y de empresa.

Según han transmitido los sindicatos, la filial del grupo de Florentino Pérez solicita año y medio de prisión para el comité de huelga, mientras que la Fiscalía pide una pena similar, entre un año y dos de cárcel, además de una fianza conjunta de 400.000 euros.

Criminalizar a los sindicatos

Coincidiendo con la comunicación a los sindicalistas de la decisión de apertura de juicio oral, representantes sindicales de CC.OO, UGT y CIG se han desplazado a las puertas del juzgado para expresar su solidaridad con las personas que integraban el comité de huelga.

Para el secretario comarcal de la CIG en A Coruña, Xabier Filgueira, la empresa busca con su demanda "criminalizar la respuesta sindical" por una huelga que duró 108 días y cuyo origen estuvo en el despido de 19 trabajadores "y en contra de la aplicación salvaje de la reforma laboral", ha dicho.

Por su parte, el secretario xeral de la Federación de Construcción e Servizos de CC.OO de Galicia, Sergio López Rivera, ha manifestado que se imputan delitos a "miembros del comité de huelga que estaban en servicios mínimos". Por ello, ha considerado la demanda de la empresa una "estrategia más de presión para meter miedo a los trabajadores".
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