El grupo de Castro Valdivia huye de Guatemala tras años de represión y protestas

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Ecoener-Hidralia abandona el proyecto de construir una hidroeléctrica sobre el río Cambalam, que desató una fuerte oposición entre los vecinos

Protesta contra la central hidroeléctrica y la represión en Barillas

en A Coruña, 29 de diciembre de 2016 (05:28 CET)

Ecoener-Hidralia, una de las empresas de la familia Castro Valdivia, anunció el pasado lunes que retiraba su proyecto para construir en Guatemala una central hidroeléctrica en el río Cambalam. La instalación, que llevaba tiempo paralizada, desató un prolongado conflicto con la comunidad del municipio de Barillas, que según varias ONG, desembocó en represión, abusos sexuales y tiroteos.

El grupo de los empresarios coruñeses justificó la marcha atrás en el proyecto al detectar que "los estándares de sostenibilidad y las exigencias técnicas y económicas que implica" lo hacían inviable. Luis Castro Valdivia fue uno de los adjudicatarios de las concesiones eólicas e hidroeléctricas que repartía discrecionalmente Manuel Fraga y llegó a administrar casi una treintena de empresas junto a sus hermanos. 

Además de un jugoso negocio, las concesiones le valieron también una imputación por cohecho y prevaricación derivada de los 16 parques y minicentrales que le otorgó la Xunta, siendo Ramón Ordás Badía director xeral de Industria, además de su cuñado.

Persecución a los opositores

Pero los Castro Valdivia no se quedaron solamente en el centenar de megavatios que llegaron a gestionar en Galicia, sino que Hidralia Energía se expandió por Latinoamérica sentando bases en Venezuela, Ecuador, Panamá, Nicaragua o Guatemala.

Allí se encontró con la firme oposición de la comunidad de Barillas para llevar a buen puerto otra central hidroeléctrica. El choque entre las autoridades del país y los disidentes con el proyecto acabó en una cruenta lucha a la que se puso fin el pasado lunes.

Según un informe que publicó Intermon Oxfam, se produjo una persecución desde las instituciones de justicia contra los contrarios a la hidroeléctrica. La propia Hidralia denunció a varios líderes indígenas, aunque acabó retirando los cargos.

Estado de sitio

El conflicto quedó patente cuando 400 agentes de la Policia Nacional y 200 militares tomaron Barillas tras los disturbios acaecidos por el asesinato de un opositor al proyecto en 2012. Y tras el estado de sitio llegaron las denuncias de las ONG de violaciones, abusos y represión.

De acuerdo con los testimonios recopilados, "se produjeron patrullajes diurnos y nocturnos, allanamientos en viviendas, intimidación, robo de pertenencias, difusión de mensajes intimidatorios en radio y televisión, disparos al aire, hostigamiento a los niños para que revelasen el paradero de sus padres y abusos de autoridad", dice el informe de Intermon Oxfam.

Robos, abusos sexuales y desaparecidos

El mismo documento recoge entre los hechos denunciados "abusos sexuales a mujeres, sustracción de dinero y alimento, intimidación, destrucción de bienes, uso excesivo de la fuerza, decomiso de documentos de identificación y escrituras de propiedad y la desaparición de al menos 20 vecinos".

En un comunicado emitido este martes, las organizaciones Amigos da Terra y Alianza por la Solidaridad celebraron la renuncia de Ecoener Hidralia a un proyecto "que ha provocado graves conflictos: persecución, asesinatos, criminalización y encarcelamiento de líderes indígenas que defendían los derechos de sus comunidades. Finalmente el proyecto ha sido desestimado tras la campaña de presión internacional, con más de 20.000 firmas de apoyo".
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