José Luis Ábalos, ministro de Transporte. EFE

El Gobierno, sobre la AP-9: “No estamos defendiendo a Audasa”

El Ministerio de Transportes sale al paso de las críticas y asegura que está de acuerdo en pedir responsabilidades a la concesionaria de la AP-9

José Luis Ábalos se defiende. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asegura que no tiene ninguna intención de defender a la concesionaria de la AP-9 en la causa por los atascos ocasionados por la obras de ampliación del Puente de Rande. La personación de la Abogacía del Estado en el proceso responde, según el Gobierno, a criterios “técnicos” y no a un alineamiento con los intereses de Audasa, a quien se reclama el cobro indebido de peajes.

"Estamos completamente de acuerdo en que se le exijan responsabilidades en caso de que hubiera obrado incumpliendo la normativa o de sus obligaciones y es nuestra obligación exigírsela", dice el Ministerio en un comunicado.

La concesionaria pidió en al menos dos ocasiones que el Gobierno fuese parte en la causa ya que, de resultar el fallo desfavorable a la empresa, cambiaría las condiciones de la concesión. Dicho de otra manera, podría modificar la cuantía de las compensaciones que el Ejecutivo inyecta en Audasa para abaratar los precios del peaje sin afectar al equilibrio patrimonial de la compañía. Por este motivo, la personación de la Abogacía del Estado fue visto como un movimiento en defensa de la concesionaria.

El departamento de Ábalos, sin embargo, defiende su trabajo "desde el primer momento" para "endurecer el control a las sociedades concesionarias", y ha expuesto, como prueba de ello, el endurecimiento del régimen sancionador que les es aplicable.

Todos en contra

El ministerio ha hecho esta aclaración tras conocerse, a pocos días de que se celebre el juicio por el cobro de peajes durante las obras del puente de Rande (tras una demanda colectiva interpuesta por la Fiscalía, a la que se ha adherido la asociación En Colectivo), que la Abogacía del Estado se ha personado en el procedimiento. La Fiscalía ha expresado su rechazo a esta personación porque la causa "se ciñe estrictamente al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura por la concesionaria, desde la perspectiva civil y privada de sus relaciones con los usuarios".

Asimismo, también En Colectivo ha criticado esa decisión de la Abogacía del Estado, y comparte los argumentos de la Fiscalía, al tiempo que lamenta que el Estado "apoye las tesis de la concesionaria". Por otra parte, tanto la Xunta como el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, han expresado también su disconformidad con esa decisión. Así, mientras que para el regidor es "un error", el gobierno gallego considera "difícil de entender" que el Ejecutivo se haya posicionado "al lado de la concesionaria" y "en contra de los usuarios".

 

Un artículo de Economía Digital Galicia

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