El Gobierno ocultó durante siete años las irregularidades de Globalia

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Tres ministros de Fomento guardaron en un cajón las denuncias que habrían destapado el 'caso residentes' en 2007 y no en 2014

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, en un viaje reciente a Colombia. | EFE

Barcelona, 18 de noviembre de 2016 (12:33 CET)

Han discurrido ríos de tinta sobre las influencias de Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, en los ministerios. El caso residentes es, quizá, el mayor ejemplo de ello. Las primeras denuncias durmieron durante años en los cajones del Gobierno: desde que el Ministerio de Fomento recibiera la primera denuncia sobre el fraude de las subvenciones hasta que abrió una investigación. De 2007 a 2015.

Se sucedieron dos gobiernos socialistas y otro popular: tres ministros y ninguno tomó cartas en el asunto. La alteración de las cantidades que Globalia --la matriz de empresas como Air Europa y Halcón Viajes-- facturó al Estado durante años encara la recta final en los juzgados después de que la fiscalía solicite el reembolso de 32 millones a uno de los mayores conglomerados turísticos españoles.

El procedimiento se inició a raíz de una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y Fomento, que pasó hasta ocho años en los cajones después de la primera denuncia de la Asociación de Viajes de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote (AAVFGL) a la Delegación del Gobierno en Canarias.

Primeras sospechas

En un documento al que ha tenido acceso Cerodosbé, editado por Economía Digital, la patronal alerta a la entonces directora de Fomento en el archipiélago del uso abusivo de las subvenciones en un oferta presentada de la mano de los periódicos Canarias 7 y Diario de Avisos. La ganga: adquirir un billete de ida y vuelta a cualquier destino peninsular entre el 26 de febrero y el 26 de julio de 2007 a cambio de 12 cupones que venían con el diario.

Con la cartilla y tras el pago de 15 euros en concepto de cargo por emisión, los clientes podían acceder a la promoción. El beneficio para Globalia llegaba a la hora de liquidar con el ministerio la correspondiente subvención del 50% en los boletos para los residentes en las islas. En lugar de reclamar 7,5 euros, Globalia emitía los pasajes al coste original de 604 euros, por lo que el reembolso superaba los 300 euros.

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La patronal local de agencias destapó parte del entramado, que ahora mismo la fiscalía cifra en un montante total de 22,6 millones de euros. Sin embargo, el departamento dirigido entonces por Magdalena Álvarez (PSOE) --que un año después acudió a la boda de la hija de Hidalgo-- optó por el silencio como respuesta. Lo mismo hizo su sucesor, José Blanco (PSOE), que juró el cargo en 2009.

Reunión con Ana Pastor

La crisis económica segó la hegemonía socialista y el Partido Popular ganó las elecciones generales de 2011. La actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, tomó entonces posesión de la cartera de Fomento. Otra vez, los intermediarios volvieron a la carga para denunciar el fraude en la venta de billetes.

Tras presidir la AAVFGL, Rafael Gallego era el máximo ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), la mayor patronal del sector.

El 20 de marzo de 2013 se reunió con Pastor y la secretaria de Estado de transportes, Carmen Librero –directora general del gestor aeroportuario Aena entre 2008 y 2011—, para "trasladarles personalmente la existencia de posibles prácticas fraudulentas en los procesos de liquidación de los billetes aéreos del sistema de bonificaciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares".

Dos años más de silencio

El encuentro sí despertó reacciones y sólo dos días después, el director general de Aviación Civil, Ángel Luis Arias Serrano –que ahora ocupa el mismo cargo en Enaire, el gestor del espacio aéreo español--, solicitó la "documentación que permita identificar las prácticas, así como el lugar y periodo de tiempo" en el que se extendían.

La intención expresada en la misiva a la que ha tenido acceso Cerodosbé era la de trasladar la denuncia al fiscal en el caso de que la liquidación constituyera un "ilícito penal".

Tuvieron que pasar más de dos años hasta que la administración iniciara sus indagaciones. Al insistir Gallego, en febrero de 2015, la respuesta de Librero fue que las pesquisas estaban en marcha pero que se trataba de un proceso "complejo y exhaustivo" que se extendía a seis millones de billetes.

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Las dos caras de la Audiencia Nacional


Según las fuentes consultadas, la medida que desbloqueó la investigación fue la denuncia presentada por la CEAV en 2014, que la Audiencia Nacional archivó al asegurar que "no tenía competencias" para este caso. El mismo magistrado, Eloy Velasco –director general de justicia de la Generalitat Valenciana a propuesta del PP entre 1995 y 2003--, aceptó la causa tras la querella de la fiscalía apenas un año después.

Sin embargo, la confederación de agencias no ha participado en el proceso judicial al solicitársele una fianza de 100.000 euros. Así, el juez absolvió a Hidalgo; al director comercial de Air Europa, Richard Clark; y a Ramiro Campos, apoderado en varias empresas del grupo, al ser incapaz de determinar la persona concreta responsable de facturar los billetes de forma defraudadora.

En cambio, sí que imputó como persona jurídica a Globalia Servicios Corporativos, que en el Registro Mercantil fija su objeto social en "la intermediación entre abogados y sus clientes en el ejercicio profesional de la abogacía y demás actividades jurídicas relacionadas".

Al no estar salpicada la matriz, la corporación podrá seguir presentándose a concursos públicos como las deportaciones de los inmigrantes ilegales o el 'megacontrato' de viajes de los funcionarios. En cambio, el fiscal sí que ha pedido que la empresa no pueda acogerse a beneficios fiscales de la Seguridad Social durante diez meses y la prohibición de nuevas subvenciones y ayudas públicas.

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