En la imagen, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera / EFE
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El Ejecutivo presionará a las empresas para diseñar un modelo de desarrollo económico alternativo en las zonas donde cierren centrales térmicas

en A Coruña, 31 de enero de 2019 (04:55 CET)

Naturgy tiene tres obligaciones en el cierre de la central térmica de Meirama: proceder al desmantelamiento de las instalaciones en condiciones de seguridad, elaborar un plan de recolocaciones o prejubilaciones para los trabajadores; y recuperar el entorno afectado por la actividad. Ahí se acabarían las exigencias a la antigua Gas Natural Fenosa, que, adicionalmente, ha puesto sobre la mesa una inversión de 80 millones para construir un parque eólico y un centro avanzado de producción de gas a partir de residuos.

Este proyecto, sin embargo, es solamente una carta de intenciones que está pendiente, no solo de la obtención de permisos, sino también de un inminente cambio de escenario normativo. El Gobierno prevé presentar en las próximas semanas sus líneas maestras para el diseño del nuevo marco energético enfocado a la descarbonización de la economía. En él se contemplará el llamado Plan de Transición Justa, que pretende ofrecer a las comarcas afectadas por el cierre de centrales o minas, una alternativa de desarrollo económico acordada con los agentes sociales, desde los responsables municipales a sindicatos o asociaciones de vecinos.

A priori, la participación de las empresas en este plan no será obligatoria, pero el Ejecutivo presionará a compañías como Naturgy o Endesa para que formen parte de los proyectos en las zonas afectadas por sus centrales, teniendo como prioridad fundamental preservar “el empleo”, aseguran fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

Un convenio para pactar el futuro económico de Meirama

Las claves de futuro para territorios como Meirama se conocerán “en las próximas semanas”, cuando el Gobierno tiene previsto presentar, apremiado por Bruselas, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el proyecto de ley de Cambio Climático y la Estrategia de Transición Justa, “tres patas de la misma mesa”, razonan.

La filosofía es “acompañar” a los habitantes de las zonas afectadas por cierres en el diseño de “un nuevo plan de desarrollo económico”. El Gobierno entiende que están doblemente afectados, no solo por la clausura de instalaciones, sino porque en la mayoría de los casos la térmica es el único desarrollo industrial de la localidad. Las medidas concretas para cada territorio se rubricarán en un convenio pactado con los distintos agentes sociales --en el Ministerio citan a centros de formación, asociaciones de vecinos, ayuntamientos o sindicatos-- y será este documento el que recoja también la financiación.

Esta propuesta, que ya funciona en Francia, la puso sobre la mesa Teresa Ribera en Teruel, donde Endesa cerrará su central térmica y dejará sin objeto la actividad minera de Ariño. Lo hizo entre fuertes protestas de los vecinos, que no querían oír hablar de una hoja de ruta abierta, sino de medidas concretas para paliar el golpe.

La implicación de Naturgy

En el departamento que dirige Teresa Ribera no ocultan que exigirán a las empresas que no abandonen los territorios sin antes plantear una alternativa de desarrollo. “Estaríamos encantados de que participaran en los planes de transición en base a su prestigio en la zona y sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa”. E insisten: “Les pediremos que se queden, que reorienten los negocios y que no abandonen territorios que les han permitido crecer”.

La prioridad absoluta de los planes, explican, es “el empleo de larga trayectoria, porque arraiga a la población al territorio”, y “la generación de nuevo tejido productivo”. En esta premisa no encaja del todo bien el planteamiento de Naturgy de construir un parque eólico de 65 megavatios, que la empresa tramita a través del Ministerio. “Sería mejor, por ejemplo, una planta de biomasa, que genera actividad económica a su alrededor”, reconocen.

“Se trata de planes abiertos, que no serán el mismo en cada territorio. Un municipio puede considerar que lo mejor es aprovechar el suelo para hacer una plataforma logística y otro precisará de vías de comunicación para conectarse con una fábrica próxima. Debe producirse un diálogo y un acuerdo entre los distintos agentes y esperamos que las empresas se impliquen”, concluyen.

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