El Gobierno estudia trocear Navantia tras el fin del veto a su negocio civil

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La Xunta pide “cambios organizativos”, que pueden pasar por la segregación de la actividad militar y su integración en un consorcio europeo, opción que impulsa el Ministerio de Defensa

Protesta de los trabajadores de Navantia en Ferrol | EFE

03 de septiembre de 2014 (21:05 CET)

Un déjà vu recorre las gradas de los astilleros de Navantia, con una imagen que se pierde en el tiempo y se proyecta sobre lo que en su día fueron las antiguas Bazán y Astano. La segregación de su actividad en dos ramas, la civil y la militar, cobra todavía más fuerza tras el fin del veto impuesto por Bruselas, y cuya imposición data de los años de la dura reconversión naval. Los planes del Ministerio de Defensa, desde hace unos meses con mando en plaza en todo lo que tenga que ver con estrategias de futuro para los astilleros públicos, refuerzan la opción de un troceamiento de la empresa que no convence para nada a los sindicatos.

El fin del veto a la construcción civil para Navantia llega dos meses después de que Defensa tome las riendas de los astilleros públicos. El departamento que dirige Pedro Morenés tiene el control político de los astilleros públicos. "El Ministerio de Defensa”, según el acuerdo del Consejo de Ministros, “dispondrá del ejercicio de los derechos, excepto los económicos, derivados de la participación pública estatal en el capital de sociedades mercantiles cuya actividad se desenvuelva en el sector industrial de la defensa, y liderará la acción de gobierno en relación con los procesos de reestructuración y consolidación de la misma a nivel nacional e internacional".

El papel de Morenés

La entrada en escena de Morenés abre una puerta que parecía cerrada. De acuerdo con fuentes del comité de empresa de Navantia, los planes de Defensa, “que parecen  revitalizarse, se basan en construir un nuevo consorcio a nivel europeo, similar al aeronáutico con Airbus, pero para la construcción naval de carácter militar”. Y esa estrategia pasa por la segregación de actividades una vez levantado el veto a la construcción civil, que se hará efectivo en enero de 2015.

"Si como todo parece”, dicen fuentes del comité intercentros de Navantia, “los planes pasan por la creación de ese nuevo consorcio europeo de astilleros para barcos militares, nos preguntamos qué pasa con las apuestas que tenemos ahora mismo delante, con la apuesta por los barcos gaseros, por la energía eólico marina y demás”.

Cambios o reestructuración

Las palabras del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, instando a “cambios organizativos” en el grupo público no hacen más que reforzar la idea que manejan los sindicatos, en la línea de una inminente reestructuración. Si se apuesta de forma decidida por crear ese consorcio europeo, en el que entrarían a formar parte, además de España, Francia, Alemania e Italia, la posición de fuerza del Ministerio de Defensa "ya es un hecho" para los sindicatos.

Actualmente el Estado tiene una presencia significativa en compañías del sector de defensa, pero hasta ahora estaban bajo el paraguas de Cristóbal Montoro a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 100% de Navantia. La SEPI controla también un 4% de Airbus, un 7,4% de Hispasat o un 20,14% de Indra. En el caso de la tecnológica, el Estado volvió a su capital el año pasado, al comprar a Bankia esta participación por 337 millones
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