El fraude fiscal de los Carulla oscila entre 400.000 y 1 millón de euros por hermano

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ESCÁNDALOS ECONÓMICOS

Jordi Carulla

08 de junio de 2011 (10:05 CET)

La cifra defraudada presuntamente por cada uno de los seis hermanos de la familia Carulla, accionistas principales del grupo Agrolimen, oscilaría entre los 400.000 y el millón de euros, según el último informe de la Agencia Tributaria. Por lo tanto, en total sumaria entre 2,4 millones en la valoración más baja y seis millones en la más alta.

El fraude se habría producido a través de empresas instrumentales con sede en paraísos fiscales. De acuerdo con fuentes judiciales, el tercer informe emitido por Hacienda ratifica sus sospechas respecto a las operaciones de la adinerada familia catalana. Concretamente la irregularidad afectaría al impuesto de patrimonio de los Carulla, que en algún caso asciende a un millón.

Los seis hermanos, implicados


Los seis hermanos Carulla habrían cometido el presunto fraude a través, sobre todo, de una operación de compraventa de acciones entre sociedades del grupo. Fruto de dicha maniobra, los Carulla habrían ocultado, siempre supuestamente, 61 millones al fisco. Esta cantidad serían ganancias de la empresa Arbor Investment, que terminaron en una de las sociedades instrumentales del grupo, con sede en Holanda, después de la citada compraventa.

A Jordi Carulla, administrador del grupo de empresas instrumentales del grupo, la investigación le atribuye un papel clave y la mayor de las cuantías defraudadas, un millón.

En sus declaraciones ante el juzgado que investiga los hechos, algunos hermanos de la familia Carulla consideraron la operación de compraventa de acciones como legal y la calificaron de reinversión. A pesar de ello, otros hermanos, como Mariona Carulla, se negaron a declarar afirmando estar al margen de la gestión de Agrolimen.

Caso de llegar a un acuerdo con Hacienda, los Carulla deberían pagar la cuota correspondiente además del 50% de la cantidad defraudada con intereses de demora, aunque este porcentaje podría incrementarse hasta el 62,5%, según la Ley Tributaria.
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