Consejo de administracion de EDP, con Antonio Mexia en el centro

El fiscal pide apartar al presidente de EDP, quinta eólica en Galicia

La Fiscalía lusa pide al juez que suspenda en sus funciones al presidente de EDP y le impida entrar a edificios de la empresa por cuatro presuntos delitos

Terremoto en uno de los mayores grupos energéticos europeos. La Fiscalía portuguesa ha pedido la suspensión en sus funciones del presidente de EDP, António Mexia, a quien acusa de cuatro delitos de corrupción. Los mismo solicita para Joao Manso Neto, presidente de EDP Renovables. Con esta división la compañía tiene una importante presencia en el sector eólico gallego, donde controla parques en las provincias de A Coruña y Lugo que suman cerca de 300 megavatios. Es el quinto mayor operador, por detrás de Iberdrola, Acciona, Naturgy y Endesa.

El grupo, que cerró su último ejercicio con un ebitda de 3.706 millones y ganó 512 millones, lleva casi tres años enredado en el llamado caso EDP, desde que la Policía judicial entró en su sede para investigar posibles delitos en la implementación de un mecanismo de compensaciones por la rescisión anticipada de contratos de energía, los llamados Costes para Mantenimiento del Equilibrio Contractual (CMEC). La Fiscalía atribuye cinco delitos al presidente de la compañía, cuatro por corrupción activa y un quinto por participación económica en negocio.

Que no entre ni a los edificios de EDP

En el marco de esta acusación, el Ministerio Fiscal solicita la suspensión de Mexia en sus funciones como presidente de EDP, al igual que la de Joao Manso Neto, presidente de EDP Renovables. Más que eso, la Fiscalía solicita al juez que les retire el pasaporte y que les prohíba acceder a cualquiera de los edificios de EDP. Además, solicita una fianza de dos millones para Mexia y de un millón para Manso.

La compañía montó en cólera y calificó de “insensatas” e “ilegales” las medidas solicitadas por el fiscal, aseguró que los delitos atribuidos a sus directivos no están “fundamentados” y recordó que se trata de una petición “desproporcionada” de la Fiscalía, no de una decisión del juez instructor, por lo que en nada afecta a la gestión de la empresa. EDP avanza que hará escrito de contestación oponiéndose a las medidas cautelares.

Entiende la defensa de los directivos que la Fiscalía no concreta qué peligros concretos fundamentan la aplicación de tales medidas, y añade que, tras tres años imputados, “no se comprende que razón motiva el agravamiento del estatuto coactivo” de Mexia y Manso. “La Fiscalía continúa sin explicarlo”, concluyen.

La defensa de los dos gestores de EDP había solicitado recientemente que se apartase del caso al juez que lo tiene a su cargo, Carlos Alexandre, al considerar que existían dudas sobre su imparcialidad.

Una constructora corrupta y un ex ministro de Economía

Los delitos que se imputan al presidente de EDP, los de corrupción están vinculados a una investigación sobre negocios realizados con un ex ministro de Economía de Portugal, Manuel Pinho, mientras que el de participación económica en negocio tiene que ver con presuntos pagos injustificados en la adjudicación de un negocio al consorcio de Grupo Lena y Odebrecht, la misma constructora brasileña que está implicada en la detención del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

Hay un tercer implicado en el mismo caso que EDP, el administrador de Redes Energéticas Nacionales (REN) João Conceição, a quien se le imputan dos delitos de corrupción pasiva. El Ministerio Público pide igualmente la suspensión de funciones o, en su defecto, una fianza de 500.000 euros.

Un artículo de Rubén Rodríguez

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