El eólico tensa las elecciones

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El sector teme la inconstitucionalidad de la ley que aprobó Feijóo para tumbar el concurso anterior

Aerogeneradores eólicos

06 de septiembre de 2012 (21:54 CET)

El sector eólico amenaza con ser otro de los quebraderos de cabeza a los que tenga que hacer frente en esta campaña electoral el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Las empresas que gestionan el viento gallego ya habían mostrado su disgusto durante todo el año por la posibilidad de que el Ministerio de Industria apruebe una reforma energética con la que les aplique una tasa que grave la producción.

Sin embargo, la situación ha tornado más complicada si cabe después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Tsxg) haya anulado la suspensión del concurso eólico que llevó a cabo el gobierno bipartito y que fue tumbado y repetido por el actual Ejecutivo gallego esta legislatura.

Con todos estos frentes abiertos, fuentes del sector consultadas por Economía Digital ven muy complicado que los proyectos eólicos comprometidos “se puedan llevar a cabo”, por lo menos en un período razonable de tiempo. Atrás queda la creación de los 14.000 puestos de trabajo que el Ejecutivo vendió cuando decidió repetir el concurso eólico del bipartito, realizado en 2008.

Indemnizaciones

El problema no es solo que Galicia no acabe por llevar a cabo un proyecto estratégico sino que, a mayores, deba ahora pagar una indemnización a aquellas empresas a las que se le adjudicaron megavatios en el concurso eólico del bipartito. Estas mismas fuentes aseguraron que parece más que claro que “las empresas reclamarán una indemnización a la Xunta”, que oscilará entre los 3.000 y los 6.000 euros por megavatio perdido.

Todo esto, siempre que no sea posible que las empresas puedan reclamar el lucro cesante por el desarrollo de megavatios ya que, en ese caso, la reclamación que pedirían podría ser mucho mayor.

De este modo, el eólico, que fue caballo de batalla de Feijóo en la campaña de 2009 con la que logró llegar a la presidencia de la Xunta de Galicia ahora vuelve a aparecer, aunque en este caso, empuñado por los partidos de la oposición, que aseguran que el viento gallego quedará completamente paralizado por las políticas del Gobierno de la Xunta y el central.

Recurso de la Xunta

Conciente de que este tema puede jugarle una mala pasada si las reclamaciones de las empresas eólicas llegasen a efectuarse en plena campaña electoral, la Xunta de Galicia ya ha indicado que recurrirá la sentencia del Tsxg que anula la suspensión del concurso eólico de 2008. Aún asú, las empresas que en la actualidad tienen adjudicados megavatios también están nerviosas ya que temen que la ley eólica que puso en marcha el Ejecutivo en 2009, mediante la que se anuló el concurso anterior y se puso en marcha el actual, tenga “visos de inconstitucionalidad”.

Este jueves, en el marco del Consello de la Xunta, el presidente gallego insistió en que sentencia del Alto Tribunal gallego “no tendrá ningún efecto práctico” sobre la ley que regula el actual reparto de megavatios.

“El concurso sigue su trayecto, porque la ley le da seguridad jurídica al prever todas las posibilidades que puedan tener lugar”, explicó el jefe del Ejecutivo gallego, que indicó que las únicas reclamaciones que la ley autoriza a pagar son aquellas que tienen que ver con el “coste de la presentación de la documentación” que hicieron las primeras empresas que resultaron beneficiarias del concurso de 2008.

Los propietarios de terrenos


Pero, hay un actor más en todos los conflictos que rodean al eólico: los propietarios de los terrenos donde se instalarán los molinos de viento. José Antonio Domínguez, de la Asociación Ventonoso, asegura que la paralización de los proyectos eólicos tendrá como claros perjudicados a los dueños de parcelas expropiadas para la puesta en marcha de los parques.

“Todo está paralizado pero los grupos eólicos están llevando a cabo las tramitaciones administrativas de los parques para tener los papeles en regla. Por ese motivo, a los propietarios de los terrenos eólicos se les expropian las tierras, y estas no pueden cambiar su uso. Sin embargo, si los procesos se paralizan una década, los propiearios tendrán una década sus terrenos colgados sin poder percibir ninguna compensación”, indica.

Y es que los dueños de terrenos eólicos solo comenzarán a percibir beneficios económicos por la explotación de las tierras una vez que los parques estén en funcionamiento.

Todo parece indicar que este no será, ni de lejos, el último capítulo de las polémicas que rodean al viento en Galicia antes de la celebración de las elecciones.
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