El día en que Fraga salvó a Pescanova

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La amenaza de Unilever y la elevada deuda llevaron a la Xunta a aplicar un contrato programa para evitar que el grupo perdiese el control gallego

En una imagen de archivo, Fraga atiende a las explicaciones de Fernández de Sousa / EFE

03 de marzo de 2013 (23:01 CET)

Han sido muchas las etapas por las que ha atravesado Pescanova en los últimos años. Y muchos los problemas financieros que ha afrontado. Porque hubo un día en que el grupo presidido por Fernández de Sousa tuvo muchos problemas para seguir siendo gallego. Su deuda, tanto a corto como a largo plazo, era insostenible para una compañía de esas dimensiones. Y también hubo muchas manos amigas en el momento adecuado. Y, cómo no, ahí estuvo el fallecido Manuel Fraga. Un contrato programa, como los que en tiempos firmaba el Gobierno central con compañías como RTVE, Iberia o Renfe, cuando todas ellas eran públicas, para sanear sus cuentas y establecer una serie de condiciones a cambio de una financiación privilegiada, era la solución para la crisis de Pescanova. Había sucedido a principios de 1995.

Todos a una, los conselleiros de Economía, Agricultura, Comercio y Pesca habían estampado su firma en un contrato con un período de vigencia de cuatro años, por el que la Xunta se comprometía a subvencionar a Pescanova con algo más de 7.000 millones de pesetas de las de entonces --42 millones de euros-- a cambio de que la empresa no vendiera su marca comercial y mantuviera su sede central en Vigo.

La amenaza de Unilever

El acuerdo, que también obligaba a la compañía viguesa a invertir casi tres veces esa cantidad en consolidar su negocio, constaba de 23 folios y fue fruto de las negociaciones iniciadas en el frío invierno del 94, cuando Pescanova recibió una oferta de compra por parte de la multinacional anglo-holandesa Unilever. Ante el riesgo de perder el control gallego de un grupo estratégico, Fraga anunció todo su apoyo para evitarlo.

El endeudamiento era la gran losa que amenazaba con enterrar definitivamente las aspiraciones de independencia del grupo de Fernández de Sousa-Faro. Ahí era donde la Xunta prestaría gran parte de su apoyo: para subvencionar un préstamo sindicado de 8.000 millones y para suscribir, a través de la sociedad de capital riesgo Sodiga, otros 2.000 millones de pesetas en obligaciones. El Igape, otra herramienta financiera de la Administración gallega, apoyaría la reducción de los gastos financieros de la compañía, subvencionando en un 3% los tipos de interés de los créditos por un período de siete años. Fraga llegó a anunciar la presencia de un consejero, con voz pero sin voto, en el máximo órgano de administración de Pescanova. Aquello era una operación de salvamento en toda regla. Y con dinero público.

La soledad de un empresario

Quien no pasó por alto todo aquello fue la Comisión Europea. Dos años después de aquel contrato programa, la Dirección General de la Competencia abría un expediente para determinar si Pescanova se había beneficiado de ayudas del Estado ya fuera a través de subvenciones o avales. No era la primera vez que lo hacía, sobre todo tras haber recibido denuncias desde Portugal. Entidades financieras como la entonces Caixa Galicia, que llegó a ser un accionista de referencia, y en su momento Caixanova, también acudieron a la llamada de Fernández de Sousa-Faro para convertirse en accionistas de la compañía. Hoy en día, sin las cajas en su accionariado, Pescanova está mucho más sola.
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