El Congreso paraliza la transferencia de la AP-9 

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La Mesa pide nuevos informes jurídicos que se pronuncien sobre la posibilidad de debatir o no la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego

Puesto de peaje en la AP-9

en A Coruña, 18 de octubre de 2016 (16:25 CET)

Vuelta a empezar y otra vez en las mismas, pero por diferentes motivos. La Mesa del Congreso ha paralizado este martes, por el momento, la tramitación de la proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia por unanimidad para que el Gobierno central transfiera la titularidad de la autopista de peaje AP-9 a Galicia. El propio presidente de la Xunta, ahora en funciones, ha defendido el traspaso en diferentes ocasiones, incluso con la entonces ministra de Fomento y ahora presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, quien ya mostró en su día sus reparos.

El órgano rector del Congreso ha pedido, no obstante, nuevos informes jurídicos que se pronuncien sobre la posibilidad de debatir o no esta propuesta de ley, una transferencia que el PP gallego ha llevado en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones autonómicas del pasado 25 de septiembre, en que Feijóo revalidó su tercera mayoría absoluta.

Toma y daca

Frente a esta paralización, la Mesa ha rechazado el veto del Gobierno a dos proposiciones de ley del PSOE sobre la paralización de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y las condiciones de los trabajadores de subcontratas y ha decidido continuar su tramitación parlamentaria, eso sí, con el voto en contra del PP, según indicaron fuentes del órgano de gobierno de la Cámara.

Previamente, el Gobierno del PP en funciones había comunicado al Congreso su rechazo a tramitar diez proposiciones de ley promovidas por la oposición y por distintos parlamentos autonómicos y lo justificaba en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 5.000 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.

Conforme a la legislación, las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.
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