El concurso eólico, amenazado por la inseguridad jurídica

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El TSXG anula la suspensión del plan eólico del bipartito y la Xunta dice que "todo sigue igual"

Aerogeneradores eólicos

23 de agosto de 2012 (21:55 CET)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en una sentencia del 24 de julio, anuló la suspensión del procedimiento de autorización de parques eólicos puesto en marcha durante el gobierno del bipartito y suspendido después tras la mayoría absoluta del Partido Popular en la Xunta.

El TSXG revoca ahora esa suspensión, dando validez a las concesiones repartidas durante el mandato de Emilio Pérez Touriño y dejando en una compleja situación jurídica al concurso actual, puesto en marcha por el conselleiro de Economía e Industria Javier Guerra.

Tanto es así, que las distintas fuerzas políticas no aciertan a ponerse de acuerdo en qué pasará a partir de ahora con las adjudicaciones.

Por lo pronto, se abre una puerta legal a la reclamación de indemnizaciones por parte de las empresas beneficiarias del reparto eólico en la etapa del bipartito. De hecho, la sentencia del TSXG atiende a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Aucosa Eólica, segunda mayor adjudicataria del anterior concurso con 216 megavatios.

Respecto al concurso actual poco se sabe más allá de la complejidad jurídica en la que queda envuelto. Las agrupaciones políticas de Galicia se enredaron este jueves en acusaciones y declaraciones contradictorias sobre el futuro del concurso eólico. La patronal gallega del sector guarda silencio por el momento.

“Todo sigue igual”, según la Xunta


La consellería de Economía e Industria se ha apresurado en emitir un comunicado para recalcar que no hay nada nuevo bajo el sol. El concurso actual, subrayan fuentes de la Xunta, "continúa con total normalidad". No obstante, agregan, "los servicios jurídicos de la Administración estudiarán la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo".

El departamento que dirige Javier Guerra alude a que la sentencia se pronuncia sobre la resolución de suspensión del concurso del bipartito en agosto de 2009, "que quedó superado por la aprobación de la Ley del sector eólico, cuatro meses después".

"Fue esta ley, aprobada a iniciativa del actual Gobierno, la que dejó sin efecto el concurso del bipartito, acordando expresamente el desistimiento de los procedimientos asociados a dicho concurso", indican.

Respecto a las reclamaciones de indemnizaciones que puedan cursar las empresas beneficiarias en el anterior concurso, explican que "la propia ley de diciembre de 2009 también regula las indemnizaciones, estableciendo que los afectados por el anterior procedimiento podrán pedir el reintegro de los gastos ocasionados, por lo que la anulación de la suspensión no añade nada nuevo a este escenario".

“Más indemnizaciones”, según el PSdeG

El portavoz parlamentario del PSdeG, Abel Losada, ha llevado la batalla a un terreno más político, aunque sí que ha recalcado que “se ha abierto la puerta a posibles indemnizaciones” para las empresas adjudicatarias en el reparto del bipartito.

Para el grupo socialista el sector eólico "está hoy en una posición mucho más débil, secundaria y fracasada como sector económico", ha lamentado Losada, quien ha acusado a Feijóo de "incumplir la ley" por motivos relacionados con su "ideología", vinculada a la oportunidad de dar "negocio a otras empresas".

También ha reclacado que el sector se enfrenta a "un contexto estatal negativo", motivado no sólo por la retirada de las primas sino también por "una lucha de poder brutal entre dos ministros de gran relevancia", en alusión al que mantuvieron en los medios de comunicación el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Industria, José Manuel Soria, por la reforma energética.

"Es algo inaudito en la historia reciente", ha subrayado Losada, para quien esta "pelea" no sólo afectará al "pulverizado" sector eólico gallego, sino también a la viabilidad de Alcoa en Galicia, dada la importancia de la electricidad en el sector del aluminio para su competitividad. "Esta lucha está impidiendo un acuerdo para salvar 2.500 empleos directos", ha remarcado.

“Volver al anterior concurso”, según Anova

La formación nacionalista liderada por Xosé Manuel Beiras ha ido un paso más allá y ha manifestado que la sentencia del TSXG, “una vez firme --la Xunta podría todavía interponer un recurso ante el Tribunal Supremo--, obligaría necesariamente a continuar con dicho concurso".

Anova se basa en el artículo 192.2 de la ley de contratos de las administraciones públicas para subrayar que el concurso eólico del bipartito "ya había sido objeto de adjudicación provisional y que por tanto no puede ser objeto de renuncia por la Xunta".

Dicha ley establece que la renuncia a la celebración del contrato o la desistencia del procedimiento solo podrán ser acordados por el órgano de contratación "antes de la adjudicación provisional".

"La Xunta del PP adoptó en 2009 una decisión manifiestamente ilegal”, concluye Anova.
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