Protesta de los trabajadores de Isidro de la Cal en Cambre en su primera jornada de huelga indefinida, que paralizaron al realizarse la venta y suspensión del ERE

El comprador de Isidro de la Cal fue condenado a cuatro años de cárcel

Carlos García Martín, que negocia la compra de Isidro de la Cal, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por estafa y falsedad en documento mercantil

Ofertar "servicios bancarios a empresas que tenían problemas o empresas con ideas que no tenían financiación". Ese era el plan de A.C. Bank, el banco ficticio ideado bajo nombre supuesto por Carlos Alfonso García Martín, según recoge la sentencia que le llevó a prisión en septiembre de 2003. El empresario que se ha hecho con Feca-Neón y ahora negocia la compra de la propietaria de Sanbrandan y de Isidro de la Cal, fue condenado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña a una pena de prisión de cuatro años y seis meses por un delito continuado de estafa, "siendo de especial gravedad el valor de lo defraudado", según la sentencia, y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Carlos Alfonso García Martín es rehén de su pasado. La sentencia de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso Economía Digital, reconstruye todo un plan urdido a través de un banco de cartón piedra: la delegación gallega, con sede en Santiago, de la filial con base en Madrid de una multinacional financiera de nombre A.C. Bank. Ese andamiaje le sirvió para hacer toda una serie contrataciones con empresas proveedoras para reformar un local en el Polígono del Tambre, y también proceder a la contratación de al menos una trabajadora a través de una ETT para una oficina que iba a contar, supuestamente, con nueve empleados. Todo filfa.

No pagó ni la fotocopiadora

El fiscal del caso llegó a solicitar once años de cárcel para el empresario, que la sala rebajó finalmente a cuatro años y seis meses por estafa y falsedad documental. Desestimó otro de los cargos que se le imputaban, el delito contra los derechos de los trabajadores. Y le obligó a asumir una responsabilidad civil frente a los contratistas a los que dejó tirados por obras ya realizadas, unos 70.000 euros, además de dos operaciones de financiación ficticias que había urdido, una de ellas precisamente con un familiar de una de las empresas contratadas.

Carlos Alfonso García Martín no llegó a pagar ni la fotocopiadora que había encargado. Lo dice la sentencia de la Audiencia Provincial. Sin antecedentes penales previos, el empresario llegó a pasar diez meses en prisión provisional a la espera de juicio, para posteriormente cumplir con el resto de la condena en la cárcel, incluidas las rebajas de penas correspondientes por ley. El caso fue tan claro que hasta su defensa, en sus conclusiones definitivas, consideró los hechos como constitutivos de un delito de estafa de los artículos 248 y 249 del Código Penal, y al acusado comoo autor del mismo, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, y solicitó que la pena a imponer fuera la de dos años de prisión.

Identidad falsa

No puede dudarse de que el acusado, "al efectuar las diferentes contrataciones y ofrecer puestos de trabajo era plenamente consciente del perjuicio que ocasionaba, y de la imposibilidad de cumplir con las contraprestaciones a que se obligaba", señala la sentencia. "La explicación por él ofrecida de que pretendía constituir una sociedad, explicando su proyecto de empresa de intermediación financiera, y refiriendo que tenía establecidos contactos comerciales con una entidad en Madrid, no excluye el engaño", mantienen los magistrados.

La sentencia va más allá. Hasta el momento de su detención, el 16 de octubre de 2002, Carlos Alfonso García Martín "no habría efectuado ni el más mínimo trámite a fin de constituir tal sociedad, y, reconoce que actuaba con una identidad falsa de modo transitorio, por las dificultades que la suya generaba para la constitución de la sociedad".

Sin cobertura económica ni solvencia

"Pero es más", dicen los magistrados, "no manifiesta que tuviera una mínima cobertura económica o financiera para hacer frente a los gastos de constitución, que le pudiera dar solvencia siquiera para atender los pagos a que habría de hacer frente en un corto período de tiempo, así como, a los salarios que ofrecía, pues, de hecho, las denuncias surgen cuando desatiende los primeros pagos sin haber abonado ni un solo céntimo". Esa es la hoja de servicios de Garlos Alfonso García Martín, cuando se hacía pasar por José Carlos Díaz Velo y se presentaba en Santiago como banquero, delegado territorial de la inexistente A.C. Bank e inspector de Hacienda en excedencia.

Un artículo de X.R.M.

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