El colectivo Manos Limpias denuncia a la directiva de la CAM

El Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia contra la última cúpula directiva de la CAM y contra el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Jorge Vela, como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario. Esta denuncia se une a las que presentaron en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante los colectivos del 15-M y Vecinos por Alicante.

La denuncia presentada por este colectivo, hecha publica hoy pide que sean investigados los expresidentes de la entidad, Vicente Sala y Modesto Crespo; los exdirectores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós; así como el exdirector general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, Daniel Gil; el exdirector general de Inversiones y Riesgos, Francisco Martínez; el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, y el expresidente de la Comisión de Control, Ramón Avilés Olmos. Ampían, además, la denuncia contra «aquellas otras personas que pudieran ser imputadas de las diligencias que se practiquen».

Según argumenta Manos Limpias, la intervención de la CAM por parte del Banco de España «se produjo como causa y consecuencia de una gestión claramente perjudicial por parte de sus órganos directivos a los intereses generales de más de tres millones de impositores y que han dejado a la CAM al borde la quiebra».

Entre los argumentos sobre la mala gestión, el sindicato alude a la  concesión de créditos y préstamos a consejeros y altos directivos, y en concreto a la cifra de 171 millones de euros concedidos al interés del 0%.

«A fecha de la intervención la CAM mantiene créditos vivos sobre sus consejeros de 114 millones de euros sobre los 171 millones de euros concedidos». Los beneficiarios, según señala la misma fuente, son, entre otros, los siguientes consejeros de la entidad: Juan Ramón Avilés, José Enrique Garrigós, Aniceto Benito, José García Gómez, Francisco Grau, Gregorio Fernández, Antonio Magraner, Antonio Gil Terrón y Modesto Crespo.

«Sueldos atípicos«

Además, en la denuncia también señala que los altos cargos han estado percibiendo «sueldos atípicos», de 4,5 millones de euros al año», así como «los despidos de lujo», de los que cabría «destacar el de Roberto López Abad, que podría llegar a los seis millones de euros».

Igualmente, ha añadido, la caja «pagaba para recalificar solares e intervino en más de 100 operaciones a este respecto». Según ha asegurado, la CAM «ponía el dinero y los constructores conseguían el visto bueno de los Ayuntamiento». Mediante esta fórmula, ha insistido, se consiguieron 200.000 metros de suelo rústico para recalificar en la partida alicantina Aguamarga.

En su denuncia, también hace constar, que la caja concedió créditos y prestamos a promotores inmobiliarios «sin las garantías adecuadas», incluso «en plena crisis de la burbuja inmobiliaria».

Manos Limpias también asegura que Caja Mediterráneo «falseó la contabilidad, aduciendo beneficios cuando había pérdidas». Según ha destacado, «los interventores del FROB han destapado de momento un agujero inicial de más de dos mil millones de euros», por lo que los beneficios de la CAM «eran ficticios reflejaban un beneficio de 39 millones de euros para maquillar la contabilidad». De hecho, acusan a la entidad de haber «ocultado sistemáticamente los balances».

Para Manos Limpias, «la estructura organizativa de la CAM no contaba con líneas de responsabilidad clara y definidas» y, por ello, según alega, «al supervisarla afloran operaciones de riesgo con personas vinculadas a la CAM».

En este sentido, ha recalcado que los gestores «ocultaron información, incumpliendo el deber de veracidad informativa a socios, depositantes y público en general» y «se financiaron obras faraónica de la Generalitat, de las diputaciones y ayuntamientos en base a razones políticas a sabiendas de la quiebra económica de estas instituciones».

También ha censurado el «exceso de posicionamiento en el sector inmobiliario pese a la caída de la burbuja inmobiliaria, favoreciendo a compromisos políticos y «amiguetes».