El 'cártel gallego del asfalto' burla a Competencia en los tribunales

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Las empresas implicadas en el fraude para ganar concursos públicos esquivan sanciones millonarias encadenando recursos judiciales

Visita de Rocío Mosquera a las obras del nuevo hospital de Vigo, en las que participaba Ocasa | EFE

17 de mayo de 2014 (22:41 CET)

La trama es compleja, pero el resumen sencillo. Tres años después de que la antigua Comisión Nacional de Competencia impusiera 47,1 millones en multas a 47 empresas del sector de la construcción por pactos para adjudicarse concursos públicos son muy pocas las que han pagado la sanción. El que fue conocido como 'cártel del asfalto' acordaba ofertas a la baja para presentarse a licitaciones de las administraciones como empresas que competían entre sí. La ganadora, compensaba económicamente al resto. El fraude se destapó en 2011 y Competencia incluyó en la trama a cinco empresas gallegas a las que impuso ocho millones en multas.

Dos de ellas, Extraco, construccións e proxectos y Misturas, obras e proxectos, con sede en Ourense, continúan la pugna judicial en el Tribunal Supremo; la también ourensana Ocasa y su filial Betunes y firmes, lograron una estimación parcial de su recurso ante la Audiencia Nacional; mientras que la quinta, Ovisa Pavimentos y Obras, con domicilio en Outeiro de Rei (Lugo), ha encajado un fallo desfavorable de la Audiencia Nacional, aunque Competencia no confirma que haya pagado la sanción correspondiente, que ascendía a 100.000 euros.

Las tribulaciones de Ocasa

Una de las sanciones más elevadas que impuso Competencia correspondió a Obras, Caminos y Asfaltos, SA (Ocasa), que fue multada con 5,5 millones de euros, a los que hay que sumar otros 100.000 euros de sanción a su filial (con una participación del 70%) SA de Betunes y Firmes. Preguntada por este medio, la compañía no ha querido hacer declaraciones sobre nada que tuviera que ver con el cártel, Competencia o los recursos judiciales con los que intentó esquivar la multa.

Logró una sentencia parcialmente favorable de la Audiencia Nacional el 1 de octubre de 2013. En ella, se liberaba de la multa a Betunes y Firmes al tratarse de una empresa dependiente de Ocasa. A la ourensana, sin embargo, se le reconocía que la sanción de 5,5 millones era excesiva, pero no se la retiraba. La Audiencia Nacional emplazó a Competencia para que fijase una nueva sanción. El organismo, ahora Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no determina si dicho proceso ha concluido.

Hay que recordar que, desde entonces, Ocasa acumula problemas. Entró en suspensión de pagos, al igual que su filial, y presentó un ERE para despedir a un centenar de trabajadores. Para mayor desgracia, recibió un rapapolvo de Núñez Feijóo ya que sus problemas financieros frenaron el avance de las obras del nuevo hospital de Vigo.

Hasta el límite de la ley


En el caso de Extraco Construcciones y Proyectos y Misturas Obras e Proxectos, ambas empresas confirman que la pugna judicial continúa en el Tribunal Supremo. “Agotaremos los recursos hasta donde podamos”, informan en Misturas. Extraco fue sancionada con 1 millón de euros y, el año pasado, recibió otra reclamación por parte del Concello de Ourense por valor de 108.000 euros por deficiencias en una obra municipal encargada a la empresa.

Misturas recibió una multa mayor, de 1,6 millones. La Audiencia Nacional, en sentencia del 5 de marzo de 2013, estimó parcialmente el recurso presentado por la empresa y rebajó la sanción en un 7%.

Maraña judicial

No tuvo tanta suerte Ovisa Pavimentos y Obras, firma lucense, con una multa de 100.000 euros. La Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por la empresa en octubre del año pasado. La constructora no quiso hacer declaraciones a este medio sobre si continúa en la pugna judicial.

No sería de extrañar. La sanción impuesta por Competencia salpicó a 47 empresas y, casi todas, han interpuesto recursos ante los tribunales alargando los procesos hasta tres años después. En la CNMC confirman que algunas de las implicadas en la trama han abonado las sanciones pero que otro amplio grupo continúa pendiente de fallo judicial.
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