El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, en la sede de Incarlopsa, proveedor de Mercadona.
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La consejería de Sanidad exigió a Incarlopsa reducir su producción para que se cumpliese la ley de bienestar animal. Pero la compañía obvió el mandato

Madrid, 19 de marzo de 2018 (04:55 CET)

Incarlopsa, el gran fabricante de productos cárnicos que vende casi toda su producción a Mercadona, ignoró los dictámenes de la consejería de Sanidad de Castilla La Mancha que ordenó reducir la producción de carne de cerdo a la mitad para que la empresa cumpliera con las leyes de bienestar animal.

Los veterinarios inspectores de la Junta de Castilla La Mancha levantaron decenas de actas en las que denunciaban maltrato animal. Al aumentar la demanda de producción y las compras por parte de Mercadona, el fabricante tuvo que acelerar sus procesos productivos y violó la ley de bienestar animal desde finales de 2013 hasta principios de 2017 al sacrificar a cerdos que no estaban completamente sedados, tal como ha quedado acreditado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que publicó en exclusiva Economía Digital.

Para lograr la completa sedación de los animales, la empresa debe introducir a los cerdos en un foso con CO2 durante tres minutos. Al perder la conciencia, los cerdos pueden entrar a la fase de degüelle. Pero las prisas por acelerar el proceso productivo hicieron que Incarlopsa sometiera a los animales a apenas 70 segundos, lo que hacía que buena parte de los animales estuviesen plenamente conscientes durante su sacrificio y emitieran fuertes chillidos que perturbaban a los trabajadores.

Los veterinarios ordenaron a la empresa reducir a la mitad su producción, que entonces suponía unos 2.300 cerdos sacrificados cada ocho horas. Tras la orden de los inspectores llegó una resolución de la propia consejería de Sanidad que urgía a la compañía a reducir su producción para que todos los cerdos fueran sacrificados en estado de completa sedación.

La administración urgió a la empresa a una reducción drástica de su producción para garantizar la ausencia de dolor en el sacrificio de los animales. “Le notificamos que es preciso proceder a la reducción de la producción hasta garantizar el bienestar de los animales en el momento de su sacrificio, según el informe veterinario". "Cuando el establecimiento haya adoptado las medidas correctoras adecuadas, para subsanar las deficiencias recogidas (…), se procederá al levantamiento de esta medida cautelar reglamentaria".

Desafío a la autoridad 

Pero la compañía, presidida por el empresario Emilio Loriente, desobedeció por completo las órdenes de la administración y se justificó asegurando que construía un nuevo matadero donde cumpliría por completo con la legislación.

“Existe un desacato reiterado de las indicaciones específicas de la Autoridad Sanitaria (Resolución del 26 de Septiembre de 2014,) y negativa del operador a cumplir las instrucciones expresas de los inspectores, lo cual implicaría una infracción muy grave a las obligaciones generales de los operadores en las inspecciones (Ley de Ordenación Sanitaria CLM 8/2000, Ley 8/2003, Ley 17/2011). Además estos hechos implicarían una vulneración de los principios generales de los operadores alimentarios (R.178/2000) respecto al principio de colaboración con la Autoridad y cumplimiento de las medidas cautelares e indicaciones de la inspección”, explica un acta posterior.

"La gravedad de la situación actual, estriba no sólo en el incumplimiento reglamentario en materia de bienestar animal, (situaciones de maltrato desde hace largo tiempo y que son evitables) sino en el incumplimiento de las obligaciones del operador como inspeccionado y administrado, en la reincidencia de la infracción y en el desafío a la Autoridad Sanitaria”, argumentaron los inspectores.

La persecusión de los inspectores 

Pero el proveedor de Mercadona, referente en el sector cárnico en España, no sólo desafió a la autoridad sino que también inició una ofensiva contra los inspectores que denunciaron el incumplimiento de la ley.

Desde ese momento, la actitud del gobierno de Castilla La Mancha, dirigida hoy por Emiliano García-Page (PSOE), cambió de forma radical y en lugar de sancionar las irregularidades en la empresa, comenzó a perseguir a los veterinarios que las denunciaron.

Los tribunales, incluso, han acreditado que la persecución contra los inspectores supuso “una manifiesta arbitrariedad” y una “vulneración a los derechos fundamentales”, tal como informó este medio el viernes.

Una sentencia judicial acredita que la Junta de Castilla La Mancha "claudicó" ante la presión de Incarlopsa 

La justicia ha concluido que la Junta de Castilla La Mancha “claudicó” frente a las exigencias de la mayor empresa de la región que quiso sancionar a los veterinarios molestos y que aplicaban la ley de forma clara, a diferencia de otro grupo de inspectores veterinarios que se plegaron a las exigencias del fabricante cárnico y toleraron el incumplimiento de la ley, en contra de lo que figura en sus obligaciones como funcionarios públicos.

El propio director del matadero sugirió la paralización de la producción en el matadero, según consta en los informes de auditoría anexos en la sentencia. Pero la producción millonaria de Incarlopsa nunca se paralizó por las exigencias de la administración. La producción continuó a pesar de las advertencias, las denuncias y las actas. Hoy, la empresa trabaja con un nuevo matadero, donde ya opera bajo las directrices de la ley. La compañía nunca recibió sanción por haber violado la ley y desacatar las órdenes de los funcionarios.

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