El AVE a la Meca, un quebradero de cabeza para Copasa

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Discrepancias entre los socios del consorcio y cambios en el plan de construcción acechan a uno de los proyectos bandera de la marca España

R. Rodríguez

La ministra de Fomento, Ana Pastor (2i), junto al ministro de Transportes de Arabia Saudí, Jubara Al Suraisry, y el presidente de Talgo, Carlos Palacio | EFE
La ministra de Fomento, Ana Pastor (2i), junto al ministro de Transportes de Arabia Saudí, Jubara Al Suraisry, y el presidente de Talgo, Carlos Palacio | EFE

06 de enero de 2014 (03:50 CET)

No es sencillo que proyectos mil millonarios salgan a la primera y sin ningún tropezón. Lo sabe Sacyr, ahogada en el canal de Panamá por los sobrecostes de una obra presupuestada en cerca de 2.300 millones de euros. Y lo sabe la constructora gallega Copasa, que acumula problemas en otro de los proyectos bandera de la marca España, el AVE entre Medina y La Meca.

La empresa ourensana forma parte del consorcio hispano-saudí Al Shoula, que se hizo con un contrato de 6.700 millones de euros para llevar la alta velocidad a Tierra Santa. Está formado por 14 sociedades, entre las que están Adif, Renfe, Dimetronic, Cobra, Copasa, OHL o Ineco.

Alta tensión

La tensión está a flor de piel en la alianza, entre otros motivos, por la gestión de la empresa dependiente del Ministerio de Fomento, Iveco, de los primeros pagos abonados por Arabia Saudí. OHL, el grupo de Villar Mir, incluso llegó a plantear un arbitraje, respaldado por Copasa y Cobra, para reclamar los pagos pendientes por sus trabajos, según informaron diversos medios.

Pero los encontronazos entre las constructoras no fueron el único problema en el desarrollo del macroproyecto.

Variaciones en la hoja de ruta


Copasa, que logró 639 millones del contrato por encargarse de un 11% de la infraestructura, asegura no tener constancia de las fricciones entre los socios y tampoco de que la tensión entre las constructoras vaya a más. Sin embargo, sí que reconoce que ha tenido que modificar la hoja de ruta prevista para las obras por defectos en la primera fase del proyecto, adjudicada por 1.500 millones a un consorcio formado por Mada, Al-Rajhi, China Railway Engineering Corporation.

Una desviación que "más que afectar al calendario, supone variar la zona en la que se comienza a trabajar, cambiar un tramo por otro", explican en la empresa.

Sin embargo, el trastorno no es tan pequeño. Más allá de los retrasos, los problemas en la instalación de vías en esta primera etapa, afectada por una climatología extrema, han condicionado la planificación de los trabajos en las constructoras, elevando los costes para las empresas. De hecho, OHL se quejó de que asumía un 11% de las obras cuando estaba previsto que se encargara, solamente, de un 7%, según informó Voz Pópuli.

Sin sobrecostes, por favor

Conscientes de los problemas que surgieron en la mayor obra de empresas españolas en el exterior, una delegación de Arabia Saudí se reunió con el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre para preparar un encuentro entre el ministro de Transporte, Jubarah bin Eid Al-Suraiseri, y la ministra española de Fomento, Ana Pastor; y expresar su preocupación por los problemas técnicos y los retrasos.

El mensaje de Riad fue claro. La obra debe realizarse sin sobrepasar los 6.700 millones pactados. No se pagará más.

Futuro

El macroproyecto saudí no es sólo importante por la ingente cantidad de millones de su presupuesto. En las empresas del consorcio reconocen que es una obra clave para su imagen en el exterior y, por tanto, para su competitividad a la hora de concurrir a concursos internacionales en el futuro. Esta tesis ha sido defendida por el Gobierno desde el principio, enarbolando el AVE La Meca-Medina como bálsamo de confianza en plena crisis económica.

Más todavía teniendo en cuenta que otro megacontrato de 2.500 millones de euros al que aspiran empresas españolas está pendiente de adjudicarse. El concurso para el AVE entre Río de Janeiro y Sao Paulo, que supondrá una inversión de 13.000 millones –2.500 en la primera fase-- iba a resolverse en septiembre del año pasado, en plena crisis por el accidente de tren de Santiago de Compostela, pero el Gobierno brasileño anunció un aplazamiento de un año.
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