El agujero patrimonial de Pescanova se duplica hasta los 1.600 millones, según Deloitte

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La banca acreedora da por seguro que el juez inhabilitará a Fernández de Sousa al declarar el concurso como culpable

Manuel Fernández de Sousa, ex presidente de Pescanova | Efe/ED

04 de septiembre de 2013 (21:18 CET)

El informe concursal sobre la situación de Pescanova elaborado por Deloitte ha asestado un nuevo mazazo a la multinacional. Según ha podido saber Economía Digital, la administradora eleva hasta los 1.600 millones de euros el agujero patrimonial de la pesquera. Duplica, por tanto, la previsión que hizo KPMG en su informe forensic y que fue uno de los detonantes de la salida de Manuel Fernández de Sousa de la presidencia de la compañía gallega.

En julio, cuando se conocieron los datos del informe forensic, la cifra ya impactó. La auditora aseguraba que la empresa presentaba un agujero patrimonial de 927 millones de euros, lo que la colocaba en situación de quiebra técnica. Lo que es lo mismo: en donde Pescanova insistía en que había activos millonarios, tan sólo se encontraba un gran agujero negro.

Deuda de 3.600 millones

Sin embargo, el informe concursal de Deloitte, remitido el pasado lunes a los juzgados, va más allá, y engorda la cifra en casi 700 millones de euros.

A lo largo de los 200 folios de los que consta el documento se detalla también el inventario de la masa pasiva de la pesquera, su deuda total, que supera los 3.600 millones de euros. Una cifra aún más significativa si se tiene en cuenta que la última declarada por Pescanova era de 1.552 millones en el tercer trimestre de 2012.

¿Concurso culpable?

Y todo esto se conoce a menos de una semana de que se celebre la junta general de accionistas de Pescanova. La cita se está convirtiendo en algo más que un camino tortuoso para el ex presidente de la multinacional que tiene previsto presentar en ese cónclave una propuesta de consejo de administración, al igual que Damm, así como algunos accionistas minoritarios. Sin embargo, la fianza de responsabilidad civil impuesta por el juez Ruz, de la Audiencia Nacional, a Manuel Fernández de Sousa (178,8 millones, que ascienden a más de 600 millones si se suma su hijo y hermano, así como las sociedades con las que ejercen el control de la compañía) amenaza con desbaratar todos los planes.

A todo ello se une la más que segura calificación del concurso como culpable por parte del juez, algo que conllevaría la inhabilitación de Fernández de Sousa para gestionar cualquier bien en un plazo de dos a 15 años. Aunque parece que el informe concursal de Deloitte no hace ninguna valoración sobre la naturaleza del concurso, desde el pool de acreedores bancarios dan por seguro que el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra lo calificará como culpable.

Cúmulo de irregularidades

Blanco y en botella después de los nuevos datos que arroja el informe concursal y los ya conocidos del forensic de KPMG, que destapó toda una trama urdida para ocultar deuda, con facturas falsas, ocultaciones y manejos de dinero negro. Así se pronuncian desde el pool bancario cuando tratan de aventurar el recorrido empresarial que le queda a Fernández de Sousa, quien sin embargo no ha revelado todavía quienes le acompañarán en esa propuesta de consejo de administración.

La calificación del concurso como culpable, dice la ley, “se reserva a aquellos casos en los que en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o de sus representantes legales, administradores o liquidadores”.

Responsabilidades

“Los efectos de la calificación se limitan a la esfera civil, sin trascender a la penal ni constituir condición de prejudicialidad para la persecución de las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos”. La ley, en este sentido, mantiene la neta separación de actos ilícitos civiles y penales en esta materia. Lo cierto es que la banca acreedora tira de la Ley Concursal para trazar su estrategia, y todo son supuestos de inhabilitación para el ex presidente.

En caso de declararse culpable, la sentencia que denomine así el concurso conllevará, además, “la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a 15 años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio”.

El artículo 173 de la Ley Concursal marca, además, los pasos a seguir en este caso: “Los administradores y los liquidadores de la persona jurídica concursada que sean inhabilitados cesarán en sus cargos”. Manuel Fernández de Sousa sigue siendo consejero de Pescanova, después de haber dimitido hace dos meses como presidente. Y también es su principal accionista.
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