El agujero de Navantia: 3.200 millones de deuda con el Estado y el doble de pérdidas en un año

Otoño caliente en Navantia. A la promesa de construcción de los flotes para la mexicana Pemex, licitación a la que concurrirá junto a Barreras en dura pugna con hasta otros nueve candidatos, se une ahora el SOS lanzado por el presidente del grupo público que controla los astilleros. Ramón Aguirre, titular de la SEPI, avanzó en el Congreso que Navantia es “la gran preocupación» del holding estatal tanto por la “casi nula contratación” de pedidos para construir nuevos barcos como por su situación patrimonial, ya que según figura en los libros de contabilidad, dijo, “la relación entre el patrimonio neto y el capital social comienza a registrar tensiones indeseadas”.

“Tensiones que, con toda seguridad, harán necesaria la presencia de ayudas financieras adicionales, de un plan estratégico para la empresa que permita darle un nuevo modelo de compañía”, añadió Aguirre esta misma semana. ¿A qué se refería el gestor público? Pues a una deuda enquistada en el tiempo, imposible de rebajar y financiada desde el propio sector público, a la que se suman pérdidas netas de hasta 78,2 millones el año pasado, frente a los números rojos de 43,2 millones que firmó en el 2011.

A mayores, el pasado 17 de junio, la junta general de Navantia, en la que se integran las ramas de actividad de las factorías de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz y el centro corporativo de Madrid, decidió aplicar la totalidad de la partida de “otras aportaciones de socios” (es decir, la SEPI, su accionista único) a la compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores, con lo que restaría un importe de pérdidas a compensar de 106,2 millones de euros. Es decir, el sector público también asumió el año pasado dichas pérdidas de tres dígitos.

Resultados a peor

Solo lo ingresos financieros, derivados de inversiones que nada tienen que ver con su negocio, dieron alguna alegría a la compañía. Según su balance y cuenta de resultados, el resultado de explotación de Navantia sumó al cierre de 2012 unos números rojos de 133,8 millones de euros, prácticamente el doble de los firmados un año antes, que habían sido de 84,3 millones en negativo. De un pasivo total de 4.600 millones, algo más de 3.000 millones de euros son deudas a largo plazo, 80 millones a corto y otros 211 millones endeudamiento contraído con empresas del grupo. Pero Navantia cuenta con un colchón.

Y es que esos 3.000 millones de deudas a largo son, de acuerdo con la propia compañía, principalmente endeudamiento contraído con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Tradicionalmente, dicho departamento otorga a los astilleros públicos “financiación específica, mediante préstamos que no devengan ningún tipo de interés, que posibilita el desarrollo de ciertos programas militares para el Ministerio de Defensa”, explica la compañía.

El Estado como financiador

La mecánica es la siguiente. Estas operaciones están instrumentadas mediante contratos de venta con pago aplazado, de tal forma que “los cobros se reciben de forma gradual a lo largo del desarrollo de los proyectos, y el calendario de devoluciones está alineado con el calendario de pagos del Ministerio de Defensa”, explica.

Otro tanto sucede con las deudas con empresas del grupo a largo plazo. Y también el Estado es el financiador. En este caso se incluyen los préstamos para proyectos de I D procedentes de SEPI, “retribuidos al tipo de mercado para esta clase de pasivos”. Navantia aclara que” los préstamos correspondientes a proyectos ya calificados se registran por su valor actual, tomando como referencia el euribor más un diferencial”, siendo en este caso el tipo de actualización el 2,58%.