El 57% de locales de compraventa de oro utiliza básculas “no aptas” para su negocio
Consumo también detecta irregularidades en la emisión de recibos y en los libros de registro
El valor del oro sube en tiempos de inestabilidad económica. Con la crisis la aparición de locales de compraventa del metal dorado en toda la geografía gallega se ha disparado. El aumento en el “número” y “en la actividad” de estos establecimientos ha sido, precisamente, el detonante para que el Instituto Galego de Consumo (IGC) realizara un estudio sobre los negocios de compra y venta de metales preciosos en Galicia.
Las inspecciones revelaron irregularidades en el 86% de los locales. En el caso de los negocios dedicados al oro, el 57% utilizaba básculas “no aptas” para la actividad comercial o que no estaban correctamente marcadas con la etiqueta metrológica ‘M Verde’ y el marcado ‘CE’ de conformidad.
Además de las básculas, se detectaron irregularidades en la emisión de recibos y en la información sobre el precio del producto. Así, según el estudio del IGC, el 78,73 por ciento de los locales inspeccionados no exponía el precio del producto por unidad de medida y el 35 por ciento no entregaba al consumidor un documento acreditativo de la transacción realizada.
64 sin libro de registro
Entre los establecimientos analizados durante la campaña de inspecciones, 64 no contaban con un libro de registro –en el que deben constar las operaciones realizadas en los 15 últimos días– o bien no lo tenían actualizado o sellado por la Jefatura Superior de Policía.
En cuanto a las hojas de reclamaciones, no estaban disponibles en el 22,41 por ciento de los establecimientos, mientras que en el 25,29 por ciento de ellos faltaba el cartel que informa de la existencia de estos formularios.
Sanciones de 15.000 euros
El IGC ha puesto en marcha una segunda campaña para comprobar si los comercios han corregido los fallos detectados. A este respecto, la presidenta del organismo, Nava Castro ha avanzado que «la mayoría» de los establecimientos «han subsanado» las infracciones.
De no ser así, podrían ser multados en esta segunda fase. Así, los comercios que sigan presentando irregularidades serán sancionados con multas de hasta 3.000 euros para las faltas leves –como las relacionadas con hojas de reclamación e información del precio por gramo– y de entre 3.001 y 15.000 euros para las más graves –como las irregularidades en las básculas–.
