El singular conflicto que mantienen la minera de Corcoesto y la Xunta no se limita al vehemente cruce de acusaciones y demandas judiciales, con la multinacional canadiense Edgewater asegurando que altos cargos del Gobierno gallego le pidieron sobornos, y estos replicando con una demanda por calumnias. También hubo una batalla por las filtraciones, debido a la documentación que logró la compañía para incorporar al contencioso contra la anulación del proyecto.
Edgewater llevó al pleito en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hasta 42 expedientes mineros tramitados por la Consellería de Economía y la dirección xeral de minas, dependiente de la primera, relativos a derechos mineros solicitados por otras empresas. Esta abundante documentación está encaminada a demostrar a la Sala que la Xunta siguió un criterio arbitrario para denegar el permiso de explotación en Corcoesto o, al menos, un criterio diferente al de otros procedimientos similares.
Esa es la línea que sigue la multinacional para conseguir su millonaria indemnización. Ahora bien, ¿cómo consiguió Edgewater toda esa documentación relativa a otras empresas? El recurso de apelación presentado por la abogada de la Xunta contra el archivo de la demanda por difamación y calumnias contra la minera de Corcoesto tiene claro el mecanismo.
El mecanismo, según la Xunta
Tras poner de manifiesto que los 42 expedientes fueron aportados tanto en la defensa contra la demanda por calumnias como en la ofensiva de la empresa por la vía del contencioso, es decir, en dos causas diferentes, los servicios jurídicos del Gobierno gallego aseguran que la minera utilizó a una asociación para conseguir los papeles.
“Para tener acceso a esos expedientes mineros de otras empresas de la comunidad, utilizó una asociación denominada Protección Ambiental y Minería (Proamina), que bajo el paraguas de la ley de transparencia desde el mes de marzo de 2016 vienen entrando en la Consejería de Economía e Industria, en sucesivos oficios de diversos órganos judiciales, en los que se nos comunica la interposición por una misma entidad -Proamina- de recursos contencioso- administrativos contra múltiples resoluciones de la consejería en materia de derechos mineros, y en los que, consecuentemente, se requiere para la remisión de los respectivos expedientes administrativos”, dice el recurso de apelación.
Abogado de Edgewater y de la Cámara Mineira
Es decir, la Xunta sostiene que la asociación litigaba para obtener los expedientes al amparo de la ley de transparencia y que luego se los trasladaba a Edgewater. Esos expedientes, recalca la abogada, fueron “aportados como prueba documental” en el recurso contencioso, “que la letrada de la Xunta ha impugnado por fraude procesal, extemporaneidad impertinencia y posible conculcación de la normativa de protección de datos, secreto comercial o industrial de las empresas mineras cuyos expedientes fueron aportados al contencioso sin su consentimiento”.
El escrito de los servicios jurídicos del Gobierno gallego también recalca la relación entre al abogado de Mineira de Corcoesto, Julio César Valle, y la Cámara Oficial Mineira de Galicia, a la que presta asesoramiento legal. La Cámara es una corporación de derecho público tutelada por la Consellería de Economía e Industria. La Xunta llegó a aportar en su demanda por calumnias contra la empresa hasta una factura expedida por Julio César Valle y abonada por la consellería.
