Deloitte destapa una Pescanova más grande, opaca y débil

El recurso periodístico que dice que nada en Pescanova es lo que parece cobra todo el sentido si se repasan las cuentas y la memoria presentadas en la CNMV por los administradores concursales. Con la firma de Senén Touza y Santiago Hurtado, las cuentas de 2012 de la multinacional, que al no firmarse por el consejo de administración en tiempo y forma precipitaron en el primer trimestre del año una crisis sin precedentes, revelan ahora una compañía bien distinta. Y no sólo en lo que hace referencia a sus pérdidas, su patrimonio negativo y su deuda bancaria, que se disparan sobre lo estimado en un primer momento, sino también sobre otros aspectos que revelan el desorden del grupo pesquero.

Al abordar las dimensiones de la compañía viguesa, era un denominador común hasta ahora que contaba con algo más de 10.000 empleados, de los cuales unos mil se encontraban en Galicia. Pues bien, según las cuentas de presentadas por Deloitte, la plantilla total de la multinacional es de 13.061 trabajadores al cierre de 2012. Y esa plantilla se incrementó durante dicho año, desde las 12.256 personas de 2011. Es decir, Pescanova creó empleo mientras elevada su deuda, sus pérdidas, sus fondos propios negativos y se enrocaba en una espiral de facturas falsas para blindar su financiación bancaria.

Mientras que los trece miembros de su alta dirección incrementaban sus remuneraciones devengadas más de un 23% durante el año pasado, hasta los 2,6 millones de euros, como adelantó Economía Digital, la compañía mantenía hasta siete sociedades dependientes al margen del perímetro de consolidación. Esa reordenación de la estructura consolidada de Pescanova hizo que los auditores se tuvieran que remontar a 2010 para cuadrar sus números. De ahí, la inclusión de firmas como American Shipping SA, Entreposto Frigorífico de Pesca de Mozambique Lda, Porvenir SA y otras cuatro filiales del Grupo de Sociedades del Atlántico Suroccidental. Todo ello da un vuelco al balance de la compañía.

El 1,5% del capital, aparcado

Que una sociedad tenga autocartera, o acciones propias, es habitual siempre que lo haga por debajo de los límites fijados por la ley. Pero lo que ya no es tan ordinario es que, además, la compañía utilice filiales para ocultar una participación en el capital del propio grupo, sobre todo si se tiene en cuenta la guerra accionarial que se ha librado en torno al control de Pescanova. Es lo que se entiende en medios empresariales como “aparcar” acciones.

Así, Pescanova contaba al cierre de 2012 con un total de 88.460 acciones propias, cuyo valor era de 531.000 euros y representaba el 0,3% de su capital. Hasta aquí, todo en orden. Lo que desvelan los administradores es que al cierre de 2012 hasta otro 1,48% del capital de Pescanova se encontraba “aparcado” en una filial. El valor nominal de esa participación en propiedad de dicha filial ascendía a 2,5 millones de euros. Los administradores decidieron registrar en el balance consolidado una minusvalía patrimonial de 10,8 millones de euros por la mencionada participación oculta del 1,48%, derivado, lógicamente, de su patrimonio neto negativo.

Actuaciones externas

Los auditores de Pescanova, BDO, así como los administradores concursales, también ofrecen un abanico de riesgos que se están generando en torno al grupo pesquero y cuya resolución es incierta. Llegan a admitir incluso, que trabajan sobre estimaciones, y se curan en salud al advertirlo. Por ejemplo, durante el pasado agosto se iniciaron actuaciones de comprobación e investigación por parte de los responsables de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria. Los inspectores fiscales se remontan ahora cinco años atrás en sus pesquisas. Así, la memoria de Pescanova detalla que se están investigando las declaraciones de IVA desde enero a abril de este año, así como se han acotado entre 2008 y 2011 las comprobaciones en materia de Impuesto de Sociedades.

Otro ejemplo está en la actuación de la CNMV, que reaccionó muy tarde, a juicio de muchos analistas, ante la crisis de la compañía. Así, Deloitte advierte que los tres expedientes incoados por la autoridad bursátil cuando estalló la crisis se encuentran actualmente paralizados, debido en gran medida por la actuación judicial que está en curso en la Audiencia Nacional. Las presuntas infracciones derivadas de los tres expedientes están tipificadas como muy graves en la Ley del Mercado de Valores.