De la balsa de lodos al puerto: así 'presionará' el Gobierno a Alcoa

Escalada de tensión en toda regla. Esta semana, una vez se conoció que Alcoa y Liberty House no habían sido capaces de llegar a un acuerdo, en el marco temporal pactado, para el traspaso de la planta de aluminio primario de San Cibrao, de la que dependen 534 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos, el Gobierno central elevó el tono de su discurso contra la multinacional americana. A la espera de la negociación laboral (Alcoa ha de indicar si tiene intención de abordar un despido colectivo en la factoría lucense o un expediente temporal que tendrá como máximo dos años), el secretario general de Industria, Raül Blanco, indicó que «se abre ahora otro escenario donde se tomarán otro tipo de decisiones menos amistosas«. Por si esta declaración de intenciones no fuese suficiente, días después, la ministra de Trabajo, la gallega Yolanda Díaz, aseguraba en una entrevista televisiva que le «constaba» que la posibilidad de la expropiación estaba siendo analizada por las administraciones públicas implicadas. «Claro que es posible. Tenemos una empresa que puede sustituir a Alcoa y Alcoa solo tiene interés en tener una cuota de mercado», dijo.

Distintas fuentes empresariales consultadas por este medio sostienen que las declaraciones de la ministra responden a un escenario de incremento de la presión sobre Alcoa, si bien ven muy complicado poder materializar una nacionalización, toda vez que la intención del Gobierno pasaba, no por esta fórmula, sino por una vía similar a la empleada por Italia para salvar la antigua planta de Alcoa en Portovesme (Cerdeña). Esto es, comprarla, en este caso a través de la SEPI, para después revenderla a Liberty House, una opción que también fue rechazada por los americanos. No obstante, y según aseveran esas mismas fuentes, el Ejecutivo también posee otras bazas de presión y es que, en los próximos años, Alcoa se enfrenta a la renovación de distintas concesiones necesarias para el desarrollo de su actividad. Destaca, en especial, la del Puerto de San Cibrao, a donde llegan los barcos cargados de bauxita para producir la alúmina y cuya concesión exclusiva caduca en 2023. «Lo que se transmite es que, como estamos viendo, la presión se va a elevar y que todas estas cuestiones, también los temas concesionales, están sobre la mesa», aseguran.

A respecto de las concesiones del gigante del aluminio también se manifestó el pasado martes Asime, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, que esta semana también recordaba que otra de las concesiones de Alcoa es la polémica balsa de lodos de San Cibrao, a donde van los residuos de la alúmina y que desde hace años se ha convertido en el foco de las críticas de las asociaciones ecologistas, sobre todo, después de la tragedia medioambiental acaecida por la rotura de una infraestructura similar en Hungría hace ahora justo una década.

El puerto de San Cibrao, un caso único en España

Lo cierto es que el puerto de San Cibrao se creó para dar servicio a la factoría de Alcoa y desde la década de los noventa está controlado por la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por lo que depende directamente del ente estatal Puertos del Estado. Caso único en España se trata de un puerto que se dedica a una sola empresa y es el único puerto con categoría de interés general de A Mariña y de la provincia lucense. La actual concesión de exclusividad a Alcoa expira en 2023 y a lo largo de los años no han sido pocas las voces que han reclamado el aprovechamiento del muelle que no usa la empresa para abrirlo al tráfico general, algo de lo que Alcoa no se mostró partidaria.

Pero esta no es la única concesión pública que tiene Alcoa y que, a corto y medio plazo tendrá que revisarse. También la gran balsa de lodos, ubicada en el concello de Xove, a donde van a parar los residuos de la bauxita empleada para la producción de alúmina. En los últimos días, y al hilo de la escalada verbal de presión por parte del Gobierno central, no han sido pocas las voces que han recordado esta infraestructura, que lleva años acumulando las críticas de las asociaciones ecologistas. Fue el expresidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, quien en una entrevista a El Progreso de Lugo marcó 2025 como el horizonte de la vida útil de la infraestructura. No obstante, y según explica la propia Alcoa, en 2014 la compañía presentó ante la Xunta de Galicia «un plan que permitiría extender la vida del depósito, conforme a la legislación vigente, hasta el 2034 si se aprueba«. En paralelo, asegura «está evaluando alternativas a dicho proyecto«. En todo caso, asegura que, con la necesaria Autorización Ambiental Integrada que afecta a la planta de alúmina de la compañía, el proceso de cierre del depósito, cuando se lleve a cabo, «se realizará de manera gradual y permitirá mantener su uso industrial durante un periodo de entorno a 10 años desde el inicio de las obras».

La balsa de lodos, una vieja polémica

Precisamente, y en paralelo a las especulaciones sobre las medidas «menos amistosas» que el Gobierno empleará para presionar a Alcoa con la venta, este viernes, la asociación ecologista gallega Adega emitía un duro comunicado en el que acusaba a la compañía de Roy Harvey de ir a abandonar A Mariña dejando una enorme «factura ambiental», precisamente en referencia a la balsa de lodos que, asegura, «aún no cuenta con un proyecto de cierre definitivo, ni tampoco con un plan de descontaminación».

La compañia reivindica, no obstante, que cumple de forma escrupulosa con todos los requerimientos exigidos en materia ambiental y que no tiene sentido hablar de una eventual marcha en la que dejase tras de si la balsa por dos cuestiones: la primera, porque el proceso de despido colectivo que negocio no afecta a la fábrica de alúmina y, por lo tanto, no influye sobre el embalse de residuos. Por otro lado, porque «la legislación vigente establece una serie de requisitos para el cierre y clausura de cualquier depósito minero y fija claramente las obligaciones y responsabilidades de la entidad explotadora durante el cierre y periodo posterior a la clausura», motivo por el que Alcoa no podría poner pies en polvorosa sin antes solucionar la situación de la balsa de lodos rojos.

¿Intervención?

Sea como fuere, a Alcoa parecen abrírsele muchos frentes. En tan solo unos días, se ha hablado de públicamente de la posibilidad de la una intervención, se ha aludido a las concesiones públicas de la empresa e, incluso, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que si los de Pittsburgh proceden a apagar las cubas de electrolisis, «irán a los tribunales«, evidenciando de esta forma su apoyo a las medidas cautelares que los sindicatos pidieron a la justicia. «Lo intentaremos a través del acuerdo si no, la Xunta recurrirá a todas las medidas posibles para garantizar la producción y el empleo, y eso incluye acudir a los tribunales», añadió este viernes el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde.

Desde el comité de empresa de Alcoa, su presidente, José Antonio Zan, indicaba este viernes que la opción por la que apuesta la plantilla pasa por la intervención temporal de la fábrica por parte del Gobierno para luego dejarla en manos de Liberty.