Damm confía en que el juez acepte su nueva propuesta de convenio para Pescanova
La banca espera una valoración detallada de sus asesores del nuevo plan del que recelan debido a la "crisis" de credibilidad desatada
El juez analiza con detalle la nueva propuesta de convenio para reflotar Pescanova remitida el lunes por el consorcio formado entre Damm y Luxempart. No sólo precisa del visto bueno del magistrado que lleva el concurso, sino también del apoyo del 51% del pasivo. Este martes, fuentes cercanas al grupo de Carceller indicaban su confianza en que, de inicio, el plan sea del grado del Mercantil número 1 de Pontevedra.
La semana pasada, el juzgado notificó una providencia en la que demandaba que se subsanasen los defectos apreciados en la única propuesta presentada para sacar a flote el grupo que preside Juan Manuel Urgoiti. Esta llamada de atención por parte de la justicia dio pie a que la banca hiciese público su disgusto con la propuesta de Carceller, que no se ajustaba a los términos acordados entre ambas partes.
Análisis de la banca
Ahora, Pescanova se mantiene a la espera de que el juez de su visto bueno a la nueva propuesta de convenio, que introduce cambios más allá de los reclamados por el magistrado con la esperanza de conseguir el apoyo del pool acreedor bancario. Fuentes del grupo de Carceller aseguraban este martes que las conversaciones mantenidas con el juez han sido “muy satisfactorias”. Pero resta todavía por conocer la opinión de la banca que guarda silencio, a la espera de una valoración detallada por parte de su asesora, KPMG, del nuevo convenio.
Parte del pool acreedor indica que la primera propuesta de convenio remitida por Pescanova al juez ha desatado una “crisis de confianza”. Este martes, el director territorial Noroeste de BBVA, Juan Carlos Hidalgo, aseguraba que el grupo pesquero tiene “viabilidad económica”, aunque matizó que “tendrá que esperar a conocer los detalles” del nuevo documento para “a partir de ahí, decidir”. La suya es una de las posturas más beligerantes dentro del grupo de entidades españolas atrapadas en la millonaria deuda de la pesquera.
La principal diferencia entre ambas partes reside en la quita de deuda, que la banca acreedora quiere rebajar al 60%, frente al 72% contemplado en la propuesta de convenio y al 80% planteado inicialmente, con el objetivo de recuperar 1.000 millones de euros.
