El socio ‘rebelde’ de la Xunta en Cataluña

El presidente de Dairylac, participada por Xesgalicia, defiende el diálogo entre Generalitat y el Estado, frente a un conflicto en el que "perdemos todos"

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La proliferación de banderas ya auguraba la radicalización de las posturas. Fue evidente en los días previos y posteriores al 1 de Octubre y se puso de manifiesto en el debate sobre el estado de la autonomía, cuando Cataluña recorrió todo el discurso en el que Alberto Núñez Feijóo debía explicar el estado de salud y las medidas de futuro para Galicia

Cuando demasiada gente se agolpa en los extremos es difícil oír a los que se quedan en el medio. A Jaume Llopis le gusta ubicarse ahí, en un espacio de mayor pragmatismo, pero combate con fuerza el relato que defienden partidos como PP, Ciudadanos o PSC. El presidente de Dairylac, empresa participada por la Xunta –tiene un 25% del capital– rechaza la declaración unilateral de independencia, pero también critica la posición del Gobierno de Rajoy o los augurios sobre una quiebra económica de una Cataluña independiente. «Se ha iniciado otra campaña de miedo y terrorismo económico. A los catalanes nos gusta el dinero como a todos, pero más la dignidad», escribía el 5 de octubre, con la fuga de sedes sobre la mesa y el Ejecutivo modificando la ley para agilizar los cambios. 

«Quién piense que la independencia de Cataluña depende del dinero o que se trasladen sedes, no entiende nada. Es cuestión de sentimientos y dignidad», escribía el mismo día.

En conversación directa, el profesor de Dirección Estratégica de la IESE Business School y primer ejecutivo de la empresa por la que apostó la Xunta para dotar de valor añadido al sector lácteo desde la planta de Melide, maneja un relato de lo más pragmático. «Todo es muy discutible y todo tendrá que negociarse. Mi opinión es que no va a llegar la independencia de Cataluña. Bien porque será abortada por el Estado o por la Unión Europea, o bien porque la Generalitat dará marcha atrás». Su posición es que, lo más recomendable para todos, es la negociación, con el matiz de que no la ve posible con los actuales interlocutores, Rajoy y Puigdemont. Así pues, el escenario es claro: «O elecciones en Cataluña, o mediación, o el caos», concluye. 

Pero se equivocan, a su juicio, quienes creen que el impacto solo golpeará a Cataluña. «España no puede permitirse dejar el 19% del PIB, el 25% de las exportaciones o el 25% del turismo. No olvidemos la situación geopolítica de Cataluña, porque el 70% de las exportaciones pasan hoy por allí. Podrían pasar por el País Vasco, Valencia o Algeciras, pero no hay unas infraestructuras adecuadas y aumentarían los costos logísticos», explica.

Pendiente de la mediación

«Estamos en una situación difícil y de muy difícil solución porque las dos partes están enrocadas. Yo solo veo como posibilidad que Puigdemont haga una especie de moratoria y alargue la proclamación de la DUI, para ver si en ese tiempo se puede llegar a un acuerdo a través de la mediación», remacha.

El presidente de Dairylac asegura que los empresarios de Cataluña no quieren una declaración unilateral de independencia y, desde luego, tampoco que los paros impulsados especialmente por la CUP les cierren una semana las fábricas. Solo Pimec, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, se había posicionado claramente a favor del referéndum.

Jaume Llopis: «De una manera u otra, tienes que ir a un diálogo. Pero negociar no significa que Puigdemont tenga que renunciar a la DUI para poder sentarse».

El problema es que parece difícil que Rajoy acepte una mediación o que la UE pueda hacer algo sin el beneplácito del Gobierno español. «Las elecciones en Cataluña sería la salida más fácil. Lo que está claro es que  alguna cosa de estas tendrán que hacer. De una manera u otra, tienes que ir a un diálogo. Negociar no significa tampoco lo que dice Rajoy, que tienen que decir no a la independencia para poder sentarse. Se pueden sentar aunque unos digan que no y otros digan que sí, y a partir de ahí se llega o no se llega a un acuerdo», expone. «Yo creo que la solución tendrá que venir por la negociación porque, si no, todo el mundo pierde», concluye.

Una fuga de empresas positiva para el independentismo

Llopis habla directamente de una «presión» económica «evidente» sobre Cataluña, pero matiza los efectos del cambio de sede de Caixabank o el Sabadell. «Desde el punto de vista económico, no representa gran cosa. El Impuesto de Sociedades ya lo pagaban en Madrid. Hay una afectación mínima en el IAE y en otros impuestos locales, pero desde el punto de vista económico no representa casi nada. Esto es bueno para los independentistas. Si pudiera haber algún temor, que lo había, de que los bancos con sede en Cataluña se pudieran quedar fuera del amparo del BCE y, por tanto, los catalanes pudieran tener problemas con sus depósitos, ahora esto ya no. Pase lo que pase, si se declara la DUI, los catalanes que tienen dinero en Caixabank o el Sabadell no tienen ningún problema. Es cierto que el cambio de sede causa una alarma social, sin duda. Pero desde el punto de vista económico no tiene mucho impacto. Aquí no se va a cerrar ninguna fábrica ni se van a destruir empleos«, expone. 

 

 

El empresario critica, por tanto, la imagen que están transmitiendo los medios de la situación en Cataluña. «Lo que se trata es de alarmar a la gente. Todos los medios de comunicación, todos, están creando realmente alarma social de uno y otro lado. Si miras TVE y luego TV3 parece que vivimos en mundos paralelos», asevera. 

La viabilidad de la Cataluña independiente

Llopis enmienda casi todos los argumentos que niegan la negociación y la viabilidad de una Cataluña independiente, cuyo PIB «supera a 15 miembros de la Unión Europea». Así que, enfatiza, «lo mejor es no hacernos daño», lo que no deja de apuntar a la necesidad de un diálogo de igual a igual.

«Las cifras cada uno las utiliza como le conviene. El PIB de Cataluña es de 220.000 millones de euros y la deuda son 70.000 millones. No es tan elevada. Es el 35% ¡Está fantástico!. España tiene más del 100%. Pero si Cataluña se independiza tendrá que asumir una parte de la deuda que tiene España, aumentar la deuda por servicios que recibe del Gobierno del Estado o financiarse a mayor precio en los mercados. Todo es muy difícil», indica. 

Ahora bien, «los independentistas te dirán que el déficit fiscal, admitido por el propio Luis de Guindos, son 10.000 millones (aunque recuerda que Junqueras habló de 15.000 millones). Si se recauda todo en Cataluña, la deuda catalana no sería bono basura como es ahora. Todo es muy discutible y todo tendrá que negociarse», concluye. 

 

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