Copasa denuncia a Hacienda por liquidación indebida de impuestos

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La constructora interpone ante el Tribunal Económico Administrativo una reclamación contra las decisiones del responsable de la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes

José Luis Suárez, presidente de Copasa, habla con el conselleiro Agustín Hernández en una obra en Ouresense

27 de noviembre de 2012 (01:00 CET)

Guerra al fisco. Copasa, considerada como la primera constructora gallega en cuanto a las adjudicaciones que recibe de las administraciones públicas, ha dado un paso al frente contra la Agencia Tributaria y ha decidido llevar ante el Tribunal Económico Administrativo de Galicia al responsable de la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, por lo que considera reclamaciones y liquidaciones de impuestos que no se ajustan a derecho. Entre los tributos reclamados y liquidados por Hacienda con los que no está conforme la compañía se encuentran el Impuesto de Sociedades, aunque la inspección levantó más actas contra Copasa, correspondientes a diversos años, por varias figuras tributarias.

La compañía ourensana, presidida por José Luis Suárez, recibió actas de inspección por parte de Hacienda correspondientes a las liquidaciones del Impuesto de Sociedades comprendido entre 2003 y 2006. Fue en 2008 cuando tuvo noticia de las actuaciones inspectoras, que se ampliaban a tributos como el IVA, las retenciones a cuenta de capital mobiliario y de rendimientos del trabajo profesional, así como de arrendamientos inmobiliarios. Las inspecciones también se extendieron a las retenciones a cuenta de la imposición a no residentes, a la declaración anual de operaciones y a la declaración recapitulativa entregas y adquisiciones intracomunitarias de bienes. Así lo reconoce la compañía en su última memoria anual consolidada.

Deuda fiscal de 3,5 millones

El resultado de las actuaciones inspectoras, cursado en diciembre de 2011, fue la firma de actas en disconformidad por el Impuesto sobre Sociedades por un importe total de 817.129 euros, de los cuales 597.118 euros corresponden a cuota y 221.011 euros a sanción. Por esta decisión, en febrero de este año, la constructora interpuso ante el Tribunal Económico Administrativo Regional una reclamación económica administrativa contra el acuerdo del Jefe de la Oficina Técnica de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Tanto los administradores de Copasa como sus asesores fiscales estiman “probable” que las liquidaciones “acaben siendo definitivas, si bien seguiremos presentando los correspondientes recursos” contra las decisiones de la Agencia Tributaria.

A su vez, Copasa decidió firmar en conformidad por el resto de impuestos inspeccionados. Como consecuencia de estas actas conformes, la compañía tiene reconocida una deuda tributaria total por importe de 3,5 millones de euros, de los que 2,6 millones corresponden a cuota, 752.970 euros a intereses, 106.889 euros a sanciones. Con fecha del pasado 14 de marzo, la Agencia Tributaria concedió un aplazamiento de pago con las garantías hipotecarias presentadas por la compañía.

Menos ingresos

La constructora gallega, con un volumen de negocio de 357,8 millones de euros en 2011, frente a unos ingresos de 408,1 millones en 2010, acusa sensiblemente el efecto de la crisis y la caída de las licitaciones de obra pública. Copasa, así, centra algo más del 70% de su negocio en obra civil, muy por encima de la obra residencial, que solo representa un 10% de sus ingresos. Su plantilla, a diciembre de 2011, superaba ligeramente los 600 trabajadores.

Copasa se ha llevado este año un gran pellizco del macrocontrato del AVE entre la Meca y Medina (Arabia Saudí). De hecho, es la principal beneficiada, por detrás de Talgo, del puñado de empresas privadas en el consorcio que ganó un concurso presupuestado en 6.736 millones de euros, el mayor de la historia obtenido por España en el exterior. Sus trabajos de construcción, montaje y mantenimiento de las vías sobre las que pasará el tren que atravesará el desierto representan el 10,7% del contrato que vincula al Gobierno de Arabia Saudí y a la sociedad Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina, constituida por doce compañías españolas y una local.
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