Competencia acorrala a casi una treintena de empresas gallegas
El organismo tiene expedientes todavía en trámite contra compañías lácteas, de la construcción, conserveras y gasolineras, debido a los retrasos que conllevan las investigaciones y los recursos judiciales
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mantiene expedientes sancionadores todavía en tramitación contra una docena de empresas gallegas por supuestas prácticas ilegales. Desde grupos lácteos, a la construcción, pasando por las conservas. Los recursos interpuestos por las partes, los requerimientos de nuevos informes o las ampliaciones de la investigación suelen dilatar los procesos de resolución.
En julio de 2012, la CNMC incoó expediente sancionador contra la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y otras ocho firmas del sector por una posible conducta anticompetitiva que consistía, supuestamente, en intercambios de información o acuerdos para el reparto de mercado y la fijación de condiciones comerciales en el aprovisionamiento de leche de vaca cruda. En marzo de este año amplió la investigación, que salpicó a otras cuatro empresas más con sede en la comunidad.
Feiraco, Leite Río, Leche Celta y Central Lechera de Galicia figuran en la ampliación de expediente sancionador abierto por presuntos cambios de información. Según los datos de la CNMC la sanción está todavía en proceso de tramitación.
Postes de hormigón
En julio de 2013, la entonces Comisión Nacional de la Competencia también abrió expediente contra varia empresas del sector de la fabricación y la venta de postes prefabricados de hormigón por posibles intercambios de información, reparto del mercado y fijación de condiciones comerciales para su distribución y venta. La investigación se centra en las empresas Adhora Prefabricación, Romero Hormelec, Posteléctrica Fabricación, Prefabricados y Postes de Hormigón, Aplicaciones de Hormigón (Aplihorsa) y Postes Xeixalbo, esta última domiciliada en Ourense.
Aplihorsa también está relacionada con la comunidad. Es filial de Invertaresa, el conglomerado empresarial que preside Roberto Díaz-Rincón y uno de los principales fabricantes de componentes eléctricos de Galicia. Con dos fábricas en Galicia, una en A Pobra de San Julián (Lugo) y otra en Carballo (A Coruña) suma más de 500 trabajadores. Todavía no hay resolución firme ya que Competencia se dio un período mínimo de 18 meses para acometer la instrucción del expediente.
En 2012 salió a la luz el llamado cártel del mejillón. El organismo ahora integrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso sanciones a varias asociaciones de productores de Galicia y aplicó un expediente sancionador a grupos de fabricantes de conservas asociadas a Anfaco, por una posible infracción de la normativa de competencia. El consejo de la CNC consideraba probado que en el seno de la asociación se adoptaron decisiones entre empresas competidoras encaminadas a paralizar temporalmente las compras de mejillón de Galicia y a forzar a los productores a llegar a un acuerdo sobre las condiciones de compra. El expediente afectaba hasta a 15 empresas gallegas, aunque al menos seis presentaron recurso ante la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. El tribunal desestimó la petición el año pasado.
Del ‘cártel del asfalto’ a las gasolineras
Otro de los expedientes que están atascados en los juzgados y que afecta a empresas gallegas tiene que ver con el sector del asfalto. Hace tres años, Competencia impuso multas de 47,1 millones a 47 empresas del sector de la construcción por pactos para adjudicarse concursos públicos. El conocido como cártel del asfalto acordaba ofertas a la baja para presentarse a licitaciones de las administraciones como empresas que competían entre sí. La ganadora compensaba al resto. En la trama habría cinco empresas gallegas: Extraco y Misturas Obras e Proxectos, Ocasa y su filial Betunes y Ovisa Pavimentos y Obras.
La última investigación iniciada por el órgano que preside José María Martín Quemada y que afecta a un grupo gallego tiene que ver con el expediente sancionador abierto en julio del año pasado contra Repsol, Cepsa, BP, Meroil y Disa por posibles prácticas reestrictivas de la competencia. Una ampliación de la incoación señala ahora a las dos empresas del grupo Leite Río que gestionan su red de gasolineras. Estaciones de servicio que operan en la comunidad bajo franquicia de Repsol.
