Colau fracasa y la oposición le dicta la composición de las empresas públicas

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NOMBRAMIENTOS PÚBLICOS

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante el encuentro con entidades sociales y ONG / Ajuntament de BCN

Barcelona, 13 de octubre de 2015 (23:00 CET)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se refugia en sus 11 concejales, los de Barcelona en Comú, y sigue sin tender puentes con otros grupos municipales. El precio es que no controlará ninguna de las empresas públicas del Ayuntamiento, ni tampoco las participadas.

El consejo de administración de la sociedad Barcelona de Serveis Municipals, SA, reflejó este martes esa realidad: el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, pensaba que la oposición había recibo su contrapropuesta, --tras la propuesta inicial de la oposición de repartirse con criterios estrictamente de proporcionalidad los representantes en las empresas públicas-- porque se la había enviado a Joaquim Forn, el portavoz de Convergència. Pero en el Ayuntamiento de Barcelona, muy fragmentado, existen otros grupos, que ya habían acordado su propia iniciativa. Barcelona en Comú sigue sin mantener una comunicación fluida con grupos como Ciutadans, al entender que la única oposición que les puede preocupar es la de Convergència. 

Cerca de 340 millones en juego

Pisarello recibió "con asombro" la propuesta de la oposición, sin posibilidad de respuesta. La empresa BSM integra a la totalidad de sociedades en las que participa el Ayuntamiento de Barcelona. Sólo el presupuesto individual de BSM es de unos 240 millones de euros, pero se deben añadir 100 millones más de las empresas participadas, es decir, se trata de 340 millones de euros. Y esas empresas no las podrá controlar, por ahora, el equipo municipal de la alcaldesa Ada Colau.

Algunos ejemplos son ilustrativos de lo que sucedió este martes en el consejo de administración de BSM. Hay sociedades como Cementiris de Barcelona, participadas en un 100% por BSM. En ésta, Barcelona en Comú podrá designar a dos representantes; CiU a dos más; Ciutadans, uno; ERC, uno; PSC otro; y PP un representante también.

La CUP no designa a nadie en ninguna empresa

A la CUP le corresponde otro miembro, pero la formación anticapitalista, con la que negocia Junts pel Sí para garantizar la investidura del President Artur Mas, no ha querido designar a nadie, ni en esa empresa, ni en el resto. Por lo menos por ahora, con la idea de estar alejada de la gestión en la administración.

En otras empresas la situación se complicó. Es el caso de Bamsa (aparcamientos), con el 40% de BSM y el 60% de Saba. Eran cuatro los miembros que se debían nombrar, pero se llegó al acuerdo de incrementar en dos los representantes. Por ahora se han designado cuatro: dos para Barcelona en Comú; uno para el PSC y otro para el PP. Ciutadans y CiU esperarán a que se haga efectiva la ampliación para nombrar a un representante cada uno.

En otras, también participadas, se llegó al mismo acuerdo, ante la sorpresa de Pisarello, y es que el equipo de gobierno de Colau entiende que ganó las elecciones, pero no ha negociado con ningún grupo para buscar una mayor estabilidad.


Sin control en ninguna empresa

En el caso de Mercabarna, con la participación de BSM en el 50,7% --Mercasa tiene un 36,8%, y el Consejo Comarcal del Barcelonès, el 12,2%-- los nueve representantes que tiene el consejo de administración de la sociedad se dividieron así: dos para Barcelona en Comú; dos para CiU; uno para Ciutadans; uno para ERC; uno para el PSC, uno para el PP; y otro para la CUP, que decidió no designarlo. 

En el caso de Tersa (empresa de tratamiento y selección de residuos), con un 58,6% en manos de BSM, y un 41% de la AMB; los ocho miembros se divieron a uno por cada fuerza política, excepto la CUP, reacia a tomar parte. Por parte de Barcelona en Comú la designada fue la concejal Janet Sanz.

Criterios estrictos de proporcionalidad

La reunión del consejo de administración de BSM, también dividido con criterios de proporcionalidad, según el peso de cada partido, llegaba este martes después de que se hubiera desconvocado la primera, que se fijó el 4 de septiembre. Colau vislumbró el problema, y la reunión se aplazó. Pero, según fuentes de los distintos grupos municipales consultados, "la historia se ha repetido, porque el equipo de gobierno cree que no necesita a nadie".

En aquel momento, la oposición, aunque con algunas reticencias de ERC, rechazó la propuesta del equipo de gobierno, favorable a los intereses de Barcelona en Comú. Y ahora ha acabado cerrando una oferta, con las divisiones de los consejos de todas las empresas bajo criterios de proporcionalidad, que Colau se ha visto obligada a asumir.

Pisarello buscaba alguna complicidad, con Joaquim Forn, a quien, supuestamente, le había trasladado alguna contrapropuesta. Pero aceptó el dictado de la oposición. No hay otra, por ahora. 

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