Cespa, epicentro de la 'Operación Patos', se enzarza con Facenda por el pago de impuestos

Los servicios jurídicos de Cespa, epicentro de la llamada «Operación Patos», se han instalado en una auténtica trinchera. Al menos, en Galicia. La filial de Ferrovial, eje de un proceso judicial en el que están inmersos medio centenar de políticos, empresarios, técnicos y funcionarios de la Diputación de Pontevedra, la Delegación de la Xunta, el Ayuntamiento de Vigo, la Autoridad Portuaria y el Concello de Nigrán, han llevado a sus últimas instancias una particular cruzada contra la Consellería de Facenda por el pago de impuestos, concretamente el de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.

Tanto es así que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido tumbar, sin opción a recurso, las acciones emprendidas por Cespa contra la sentencia de julio de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en el recurso seguido contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, de 2013, que resolvía dos reclamaciones de la empresa sobre la liquidación y sanción en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Gana la Consellería de Facenda

Tanto el Estado como la Xunta, en este caso la Consellería de Facenda, eran partes recurridas. El fallo del Supremo se concretó el pasado mes de enero desestimando el recurso de casación de Cespa. En su día, el TSXG había estimado el recurso contencioso interpuesto por Facenda contra el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia dictado en la reclamaciones sobre la liquidación y sanción en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales interpuestas por Cespa. En consecuencia, declaró que dicho acuerdo era parcialmente contrario a Derecho, anulándolo de igual forma y declarando procedente la liquidación girada a Cespa, que no concreta, y desestimando el recurso en lo que se refiere a la sanción impuesta, cuya anulación confirmó.

El meollo de la cuestión está en Compostela. Para El Tribunal Económico Administrativo, el contrato firmado por Cespa con el Ayuntamiento de Santiago, relativo al servicio de mantenimiento y reposición de zonas verdes se retribuye mediante un canon, en certificaciones mensuales, incluido el IVA, pactándose incrementos sucesivos, sin que exista transmisión o cesión de un derecho de naturaleza pública o administrativa, por lo que no concurre el hecho imponible el hecho imponible del impuesto, en tanto que es el ayuntamiento quien realiza la prestación a los consumidores finales, por más que la prestación material la realice la empresa. No lo ve así ahora el Supremo, que dicta su sentencia como unificación de doctrina, en función de los argumentos expuestos por el gabinete jurídico de Cespa.

Los otros problemas

Pero a buen seguro que es el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo el gran foco de preocupación de los abogados de Cespa. La magistrada que lleva la «Operación Patos» acordó la imputación de medio centenar de personas por supuestas irregularidades en contrataciones públicas, «amaño» de obras y presunta recepción de regalos de las empresas Eiriña y Cespa.

María José Bravo Bosch, ya ex delegada de la Xunta en Vigo, está imputada por supuestas irregularidades en la concesión de un curso de formación, recolocación laboral de un empleado, diversos contratos de obras y por mediar con la diputación provincial para favorecer a Eiriña. Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra, lo está por supuestas irregularidades en obras de tres campos de fútbol, tres saneamientos, dos calzadas, reforma de un centro social, obras en cuatro caminos y recepción. Abel Cabellero, alcalde de Vigo, está imputado por recepción de regalos, un reloj y una pluma, que niega haber recibido.