Cespa, epicentro de la "Operación Patos", líder en pactos ilegales de precios

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La filial de Ferrovial es un quebradero de cabeza para el grupo de Rafael del Pino, y litiga en los tribunales contra millonarias sanciones de Competencia

La Policía registra la sede de Cespa en Santiago

en A Coruña, 30 de septiembre de 2015 (00:50 CET)

Cespa tiene en Galicia un problema, y se llama Operación Patos, por la que la juez imputa hasta 51 personas, entre políticos de renombre (Abel Caballero, Rafael Louzán, María José Bravo, entre otros), funcionarios y ejecutivos de la empresa, por presuntas irregularidades y amaños en contratos y obras públicas. Y más allá del laberinto judicial en el que están inmersos sus directivos en Galicia (estalló en febrero de 2014, con la detención de su delegado y otro técnico), la filial de Ferrovial se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el departamento jurídico del grupo que preside Rafael del Pino.

La compañía de servicios y gestión de residuos ha llegado hasta el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional para resolver sus problemas con las autoridades de competencia, que se acumulan durante los últimos años. También las multas. La última, una resolución del pasado mes de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que impuso una sanción de 13,6 millones a Cespa, por considerar probado que integra un auténtico cártel en la gestión de residuos junto a otras empresas del sector, como FCC y Urbaser. La sanción llegó a los 98,2 millones a un total de 39 empresas dedicadas a la gestión de residuos y al saneamiento urbano.

Reparto de licitaciones

Competencia consideraba probada la existencia de un acuerdo global de reparto del mercado en el que participaba Cespa. En concreto, el grupo de empresas, a ojos de Competencia,  se respetaba sus clientes respectivos y se  repartían los nuevos.  También procedían, según el expediente incoado, al "reparto de las licitaciones públicas a través bien de la presentación de ofertas conjuntas, bien de la no concurrencia de una parte a cambio de la posterior participación en las actividades objeto de la licitación".

Cespa y sus socios también procedían a "la utilización de las asociaciones sectoriales para implementar el reparto de mercado o para coordinar las actuaciones de las empresas en determinados ámbitos". Cepsa ha conseguido en los tribunales, en algunos casos, la paralización de las sanciones, y en otros, la rebaja de las multas.

Sanciones rebajadas

 Este mismo mes, el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 2,2 millones de euros a un grupo de empresas en el que participa Cespa, por repartirse durante años con otras compañías los concursos de sanidad pública, en este caso de gestión de residuos hospitalarios.

Las sociedades habían sido multadas en 2011 por la antigua Comisión Nacional de la Competencia, predecesora de la CNMC, que acreditó que entre Cespa y la firma Consenur existían convenios para la formación de uniones temporales de empresas, con el fin de repartirse el mercado. Competencia había impuesto una sanción de 2,5 millones a Cespa. Posteriormente, la Audiencia Nacional redujo la sanción a 569.925 euros y el Supremo, ahora, no admite el recurso presentado por la firma que es epicentro de la Operación Patos, lo que confirma la sanción.

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