Catorce empresas gallegas optan a fabricar drones para Airbus

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Delta Vigo, Coasa, Ganain y Udega destacan entre las firmas que aspiran a ser proveedoras del consorcio aeronáutico europeo

Imagen del aeródromo de As Rozas al lado de un drone comercial

Vigo, 30 de enero de 2015 (23:54 CET)

Cuatro pioneras gallegas como Delta Vigo, Coasa, Ganain y Udega (que, a su vez, engloba a varias firmas especializadas que comparten proyectos e instalaciones de forma coordinada), se han posicionado para alcanzar un hueco como proveedoras en los futuros drones de Airbus, un proyecto incipiente que la filial Military Aircraft del consorcio aeroespacial europeo tiene en mente como uno de sus prioritarios a lo largo de 2015.

Estas cuatro firmas gallegas –y otras 10 en proceso de certificación- han puesto el foco en los proyectos de la división aeroespacial y de defensa del gigante europeo, que se adentrará a lo largo de este año en el diseño y la construcción de unidades de vuelo autónomas, cuyo uso puede ser civil y militar.

Se trata de unidades denominadas UAV (unmanned aerial vehicle), que pueden realizar misiones de reconocimiento o de ataque militar, es decir, usados como ingenios bélicos. Pero también se aplican, y mayoritariamente, en la lucha contra incendios, búsqueda y localización de personas o vigilancia de territorios e instalaciones de alta seguridad.

Primer nivel tecnológico

Las firmas pioneras gallegas ya han trabajado, no obstante, en el sector aeroespacial para firmas como Embraer (Brasil), Rolls-Royce (Reino Unido) o la propia Airbus. A esta última han destinado la mayor parte de sus esfuerzos en proyectos de I D i en los últimos años, que se han traducido en importantes ventas para los constructores de primer nivel tecnológico.

Así, han proporcionado diferentes piezas para elementos de aviones como el Airbus A320, usado por las aerolíneas para el transporte de pasajeros; el A400M, para el transporte de tropas, o el gigantesco A350. Las empresas gallegas serían proveedoras de las compañías conocidas como tier one, esto es, los contratistas preferentes de Airbus.

Aeródromo

Combinando la oferta tecnológica y las futuras instalaciones, Galicia ha disparado sus posibilidades de éxito comercial en nuevos mercados entrando en la batalla por la construcción de los aviones no tripulados. Los fabricantes gallegos de drones tienen de su lado el proyecto auspiciado por la Xunta de Galicia y el Ministerio de Defensa (a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA) en el aeródromo de Castro de Rei (Lugo).

En tierras lucenses prevén invertirse en torno a 10 millones de euros para levantar un hangar, modernizar la torre de control y el sistema de telecomunicaciones. Las nuevas instalaciones pretenden ser una referencia en España para el desarrollo de estos prototipos y la realización de las pruebas de vuelos efectivas para su homologación.

Adquisición

En esta línea, la Xunta prevé también la adquisición de UAV para patrullar las zonas fronterizas con Castilla y León y el norte de Portugal. Asimismo, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo tiene en marcha su propio proyecto para incentivar el desarrollo tecnológico de firmas del sector aeroespacial, si bien hasta la fecha no ha cuajado al nivel de sus expectativas entre los posibles usuarios, al menos entre los de mayor nivel y que pueden servir de tractor para el resto.

Con todo, el sector tiene varios adversarios de peso, tanto en España como en Portugal, donde en cierto modo se han adelantado a los planes gallegos, produciendo ya sus propios prototipos. Además, parte de la fabricación y del ensamblaje de los drones de Airbus podría realizarse en Polonia, según las primeras estimaciones del consorcio paneuropeo, un factor que podría limitar en algún caso las posibilidades operativas de los fabricantes gallegos por la competencia de la industria local.

Vaga regulación legal

Finalmente, existe otra debilidad para el sector gallego: las posibilidades de uso de los vehículos no tripulados sigue siendo un terreno casi yermo desde un punto de vista legal, lo que deriva en una inseguridad jurídica y un clima poco favorable para las empresas a la hora de hacer inversiones. Salvo unas vagas directrices aprobadas por el consejo de ministros el pasado mes de julio, a instancia del Ministerio de Fomento, apenas existe regulación.

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