Francisco Conde, en su reunión con directivos de Megasa, Alcoa, Ferroatlántica, Showa Denko o Celsa Atlantic

Cascada de alegaciones contra el estatuto energético del Gobierno

Asturias anuncia que también solicitará cambios en el estatuto electrointensivo, que ha recibido críticas de la Xunta y gran industria

La gran industria, como Alcoa o Ferroatlántica en Galicia, llevaba meses esperando conocer el Estatuto del Consumidor Electrointensivo elaborado por el Ministerio de Industria en colaboración con Transición Ecológica. Esta semana lo ha hecho, pero el resultado no es el esperado. El Gobierno ha abierto un plazo de siete días para su exposición pública, período en el que se podrán presentar alegaciones al documento, que será tramitado por vía de urgencia y que el Ejecutivo pretende aprobar en el mes de marzo. No obstante, las manifestaciones de las últimas jornadas, hacen pensar en una cascada de alegaciones.

El último actor en  indicar que las presentará en el propio Gobierno asturiano, de siglas socialistas. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández, que ha adelantado que su departamento prepara alegaciones para un texto que ya ha sido tildado de “insuficiente” tanto por los sindicatos como por el Gobierno gallego.

Ampliar las ayudas por CO2

A la espera de precisar las propuestas que harán, Fernández ha avanzado que irían encaminadas a incrementar la cuantía de las ayudas de compensación por costes de emisiones indirectas de CO2 (172 millones en 2019) aunque ha recordado que “en 2017 sólo se destinaban seis millones”.

Esta es una de las principales reclamaciones tanto de los sindicatos como de las empresas. Las centrales sindicales también reclaman mejoras en cuanto a las obligaciones de mantenimiento de empleo para las empresas que resulten beneficiarias de las ayudas. CCOO, UGT y CIG ya han manifestado su intención de presentar alegaciones.

A la espera de Galicia y Cantabria

La Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo aún no ha manifestado esta pretensión de forma oficial, aunque se da por descontada. En primer lugar porque el conselleiro del ramo, Francisco Conde, indicó esta semana que el proyecto del Gobierno central era más “estético” que efectivo. En segundo lugar, porque el texto final no recoge una de las principales demandas del Ejecutivo autonómico y que pasaba porque se recogiese la figura del consumidor hiper-electrointensivo, pensando especialmente para los mayores consumidores de energía, como es el caso de la planta de Alcoa en San Cibrao.

El BNG también afirmó este miércoles que el texto presentado es insuficiente tanto para las pretensiones de la gran industria como para los trabajadores.

En el ámbito político también se prevén alegaciones del Gobierno de Cantabria. La comunidad cuenta con plantas especialmente afectadas por el precio de la energía, como la factoría de Ferroatlántica en Boo.

Las plantillas se levantan

Los comités de empresa tanto de Alcoa en San Cibrao como de Alu Iberia en A Coruña ya han manifestado de forma pública su rechazo al texto. Aseguran que debe ser más ambicioso, pues indican que las ayudas fijas garantizadas por el proyecto de estatuto son más bajas aún que las actuales. “De todo lo expuesto, se calcula que la reducción que se conseguirá en la tarifa eléctrica es de 12,5 euros por megavatio incluyendo las ayudas por emisiones de CO2 y las bonificaciones por cargos. Teniendo en cuenta que la reducción en 2019 fue de 17 euros con las ayudas a la interrumpibilidad (que ahora se eliminan) y las de CO2, el Gobierno reduce las ayudas a la industria electrointensiva”, indican desde el comité de empresa de Alcoa.

Parter ve "inviable" seguir

Si bien las plantillas de las grandes industrias electrointensivas ya se han manifestado en contra del texto, las empresas indican que, de momento, analizan el documento con detenimiento. La única compañía que ya se ha manifestado es Parter, la dueña de las factorías que Alcoa vendió tanto en A Coruña como el Avilés. El fondo suizo ya ha adelantado a sus trabajadores que presentará alegaciones ya que, como está el texto en la actualidad, ve inviable la fabricación de aluminio en España.

 

Un artículo de Economía Digital Galicia

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