El exministro Francisco Caamaño se lanza contra el cártel europeo del transporte
Los transportistas españoles contratan al bufete del exministro gallego para que demande a DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault, MAN y Scania
Los transportistas españoles afectados por el fraude del cártel europeo de camiones ya tienen quien los represente. La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha elegido al bufete del exministro de Justicia, el gallego Francisco Caamaño, especializado en derecho de la competencia, para que interponga las demandas contra los cinco fabricantes sancionados por la Comisión Europea por crear un cártel entre los años 1997 y 2011.
El despacho CCS Abogados, que lidera Caamaño, ya se ha puesto manos a la obra. Un equipo jurídico y pericial trabaja ya en determinar el sobrecoste y los perjuicios sufridos por los compradores para, a continuación, tramitar la reclamación de dicha cuantía ante los fabricantes.
El bufete de Caamaño ya trabaja en determinar el sobrecoste y los perjuicios ocasionados a los transportistas españoles
La Confederación de transportistas estima que el número de adquisiciones de vehículos afectados por las prácticas restrictivas de DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault, MAN y Scania, a las que la Comisión Europea ha multado con 2.930 millones por pactar un aumento de precios de sus productos, retrasar la introducción de tecnologías anticontaminación necesarias para cumplir con las normativas europeas y repercutir los incrementos de gasto sobre los clientes, podría ascender a 10 millones en la Unión Europea, de las cuales unos 360.000 se habrían realizado en España.
Cortar por lo sano
Caamaño ha destacado la necesidad de «exigir que se repare el daño causado» para que no se repitan hechos similares y porque «ha de hacerse justicia a cada persona y cada empresa». «Para los transportistas, el camión es algo más que una simple herramienta de trabajo, es un medio de vida», ha señalado. Además, ha adelantado que no cobrarán honorarios hasta que no se reintegre al cliente el importe de los daños causados.
Según las estimaciones, las reclamaciones de los alrededor de 150.000 transportistas españoles afectados superarían los 2.500 millones de euros solo por el sobreprecio.
