Proyecto para el desarrollo urbanístico de Madrid Norte, la conocida como 'Operación Chamartín'

BBVA y San José: la justicia cerca a los socios de Madrid Nuevo Norte

El banco, imputado por el caso Villarejo, promueve el desarrollo urbanístico junto a San José, también investigada por los sobrecostes del AVE a Murcia

La aprobación de Madrid Nuevo Norte, la conocida como Operación Chamartín, llegó más de 26 años después de que arrancara el proyecto el día que el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, imputó a BBVA por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. La entidad financiera es el socio de referencia de un desarrollo urbanístico para 2,6 millones de metros cuadrados en las inmediaciones de la estación de Chamartín, donde está prevista la construcción de 10.000 viviendas, además de rascacielos para oficinas y otros equipamientos en torno a un gran parque central.

BBVA controla el 75% de la sociedad promotora Distrito Castellana Norte, la antigua DUCH. El resto del capital está en manos de la constructora gallega San José, que ha vivido al calor de su mayor proyecto en España un espectacular crecimiento en bolsa en lo que va de año, revalorizándose un 84%, hasta los 550 millones de capitalización.

El grupo que capitanea Jacinto Rey también tiene cuentas pendientes con la justicia, al verse implicado en la investigación que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia por sobrecostes en las obras del AVE. En el marco de esta investigación fueron procesados ocho ejecutivos de la empresa por posibles delitos de blanqueo y estafa.

La investigación a San José

El denominado caso César pesquisa el desvío de 23 millones de dinero público por parte de ocho constructoras que participaron en las obras de la alta velocidad entre Crevillente y Murcia. Además de San José, están investigadas también Acciona, Dragados, Sacyr, Tecsa o Neopul. En el caso de la constructora gallega, los costes sin justificar ascenderían a 3,4 millones en las actuaciones del tramo entre Colada de la Buena Vida y Murcia.

La Abogacía del Estado, en su escrito de acusación, reclama que las constructoras investigadas sean privadas de todo tipo de adjudicación pública durante un periodo de diez años.

El espionaje de BBVA

El lío de Murcia sobresaltó a un grupo que enderezó el rumbo en los últimos años tras sufrir notablemente durante la crisis económica. La recesión cogió a San José cargado de ladrillo y de deuda por la adquisición de la inmobiliaria Parquesol. Su remontada empezó en 2016, cuando llegó a un acuerdo con la banca para refinanciar pasivo a costa de entregar su division inmobiliaria, regresó al negocio tradicional de la construcción e internacionalizó su cartera de obras, llegando a ejecutar proyectos de gran renombre como el Louvre de Abu Dhabi. En su último ejercicio facturó 758 millones y obtuvo unos beneficios de 18,1 millones.

Ahora, la investigación del AVE a Murcia se suma a la implicación de BBVA en el caso Villarejo. La entidad fue imputada como persona jurídica a petición de la Fiscalía Anticorrupción tres días después del cese de Antonio Béjar, hasta el pasado viernes presidente de Distrito Castellana Norte, tras su declaración ante la Audiencia Nacional. El que fuera jefe de Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA está imputado por la presunta contratación de servicios de espionaje y expresó su voluntad de seguir declarando y colaborar con la investigación.

Un artículo de Economía Digital Galicia

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