Barreras exprime a sus auxiliares con la exigencia de fuertes avales

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El astillero pide garantías de hasta 100.000 euros para asegurar la viabilidad de su cartera de pedidos

José García Costas, a su llegada a la Junta General de Accionistas de Barreras / EFE

26 de mayo de 2014 (19:59 CET)

Hijos de Barreras exige las máximas garantías de solvencia a todas aquellas empresas navales que quieran trabajar en calidad de auxiliares, realizando el diseño y la fabricación de módulos y piezas de los buques que forman la cartera de pedidos del astillero. Las primeras unidades en construcción son el flotel para Pemex --su propietaria mexicana al 51%--, y el atunero-factoría para Procersa. Y le seguirán, al menos, otros cuatro buques más, sumando unos 450 millones por estos encargos. La firma envía así un firme aviso a todas las empresas que pretendan contratar grandes obras en el conjunto de las tareas de construcción de alguno de los buques y que, por sus problemas económicos propios, pudiesen suponer a la factoría naval conflictos en el futuro.

El astillero recurre a un ejercicio de blindaje contra posibles contratiempos derivados de la inejecución de los subcontratos que formaliza con las empresas que ya han comenzando a trabajar por cuentagotas desde hace unos días. Los primeros camiones con chapa naval están, precisamente, empezando a llegar. Tal y como funciona H.J. Barreras, que desde la dirección escoge a numerosas auxiliares que participan de forma independiente en el conjunto del proyecto, pero atendiendo a una planificación única de la obra, los dueños consideran que es esencial pedir a las subcontratas un aval bancario en función de la cuantía de la obra encargada.

Exigencias modulables

De este modo, la garantía es modulable según el importe contratado. En la actualidad solicita avales bancarios de hasta 100.000 euros en el caso de que el contrato tenga un importe superior a tres millones de euros. Incluso estudia imponer como condición hasta dobles avales por entidades financieras diferentes, que actuarían de forma indistinta y solidaria ante una reclamación por incumplimiento de los parámetros del negocio.

Esta medida se encuadra en un contexto en el que no puede perderse de vista que el astillero vigués salió del concurso de acreedores a finales de 2012, tras lograr un convenio por el que se le condonaron cerca de 61 millones de euros de los 76 en que se cuantificó su deuda en el momento de la suspensión de pagos. Los dueños del grupo que preside el empresario vigués José García Costas se comprometieron con los acreedores a hacer frente al pago de 15 millones de euros en cuatro años, bajo causa de liquidación, como establece la ley concursal, si hubiese incumplimiento y fuese solicitada a instancia de alguno de los acreedores.

Evitar problemas

De modo que, a pesar de la aparente carga de trabajo y cartera de pedidos que tiene apuntalada para los próximos años, el astillero sigue en parte lastrado por el anterior problema económico, y de ahí que sea prudentemente esquivo (y más teniendo en cuenta que su actual presidente fue durante el concurso a la vez socio deudor y acreedor del astillero) a cualquier episodio que deteriore su reemergente posición en el mundo de la construcción naval.

Suponen estos duros requisitos, al menos, una triple interpretación. Primero, es un contundente aviso a los navegantes que hubiesen ideado aprovecharse de los contratos de Barreras tratando de africanizar los salarios y condiciones de trabajo del sector con contratos basura, una situación tampoco exclusiva de esta coyuntura puntual; segundo, voces empresariales gallegas han considerado este planteamiento como un ejercicio moralmente reprobable y de discriminación para con otras empresas que no se mimeticen con estas fuertes exigencias; y tercero, el planteamiento ha sido aplaudido por los sectores sindicales, que consideran que de esta forma se fijan de entrada unas líneas rojas que excluirán a las empresas poco solventes y que puedan poner en aprietos al astillero.

Pactado

Estas exigencias de Barreras no son, con todo, más que el reflejo de un acuerdo de similares características firmado en Santiago en 2008, en el que se las partes se comprometían a exigir a las empresas contratistas tanto avales bancarios, como sellos de calidad, certificaciones de construcción y auditorías formativas, al margen de una transparente y regularizada situación con los organismos públicos. El pacto fue sellado por los tres sindicatos mayoritarios, UGT, CC OO y CIG, la Xunta, el Ministerio de Industria, el clúster gallego del naval y la patronal gallega de empresas metalúrgicas auxiliares.
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