Audasa pagará más de 100 millones de intereses por ampliar la AP-9

Audasa tendrá que afrontar el pago de más de 100 millones de euros sólo en concepto de intereses por la macroemisión de obligaciones simples realizada en marzo pasado, cuyo objetivo era reunir financiación para costear en su mayor parte las obras de ampliación de la autopista concesionada AP-9, de las que el puente de Rande será, sin duda, el segundo reto técnico más complejo de cuantos haya afrontado la firma desde el inicio de la concesión en 1974.

Como apéndices complementarios a un colosal trabajo de construcción que se hará a unos 50 metros de altura sobre la ría de Vigo, también figuran la modernización del enlace entre Cangas y el barrio vigués de Teis, justo en ambas cabezas de puente, y el tramo Santiago norte-sur.

De los 400 millones captados en la operación de deuda corporativa (que, además, y sin sorpresas, fueron ampliamente desbordados en peticiones, hasta superar los 581,8 millones), cerca de 100 millones de euros tenían como destino amortizar previamente la mayor parte de un débito latente de 134 millones. Este venció en junio pasado, y venía originado también por una emisión de deuda corporativa realizada en 2004. Audasa tiene vivas en este momento, con la de marzo pasado, 8 emisiones de obligaciones bonificables, que suman una deuda de algo más de 1.000 millones de euros. El segundo mayor paquete financiero pendiente, después del reciente, es de 193 millones. Fue aprobado el año pasado y será amortizable en 2023.

Primer pago

La concesionaria de la AP-9 tendrá que pagar ya en diciembre los primeros intereses de los cupones unitarios (500 euros nominales) bonificados con un 4,75% anual, lo que supondrá un desembolso de 12,8 millones de euros. Se pagarán el día 15, según consta en el calendario de la emisión enviados a la CNMV. La cifra liquidable es sustancialmente inferior a los 18,7 millones que deberá abonar a los obligacionistas regularmente cada año en calidad de intereses.

La concesionaria de la decana, mayor y más rentable autopista gallega (125 millones de ingresos y casi 30 de beneficio en 2013) tendrá que cumplimentar el último abono de la emisión el 1 de abril de 2020. En esa fecha debería devolver también un total 405 millones de euros, 400 correspondientes al principal solicitado en la exitosa emisión de marzo y los 5,5 millones de euros de la segunda parte (y final) de los cupones irregulares que no completan un ejercicio y no devengan todos los intereses anuales. Mientras, los próximos cinco años, en el período 2015-2019, deberá abonar casi 94 millones.

En total, la suma se aproxima a los 112 millones de euros, sólo en concepto de intereses a favor de los tenedores de estos títulos.

Inversión garantizada

Con todo, la deuda que Audasa abonará por intereses durante este año no será exclusivamente por la última emisión. Como consecuencia de las anteriores obligaciones que la compañía concesionaria tiene vigentes, el importe global se situará en el entorno de los 53 millones de euros. Sin embargo, a pesar de la elevada cuantía de la cifra de intereses y la voluminosa deuda total, el negocio para los acreedores de Audasa parece redondo: el alto interés ofrecido, que es superior, por ejemplo, al del dinero público; la corta vigencia de la deuda (6 años, frente al habitual período de devolución que se extiende a 10 años); los bajos costes impositivos a la hora de la declaración de fiscal de los títulos por parte de los propietarios; y, principalmente, las enormes garantías del emisor, que ofrece como respaldo nada menos que una concesión pública que puede exprimir hasta 2048.

Capacidad de retorno

El negocio está garantizado y por eso hubo un aluvión de clientes entre marzo y abril de este año para comprar audasas. Según un informe del Banco Caminos, en colaboración con la experta independiente Intermoney Valora, sólo si el tráfico de la autopista cayese abruptamente en los próximos años, la concesionaria no podría devolver su deuda financiera. El documento sostiene que “para confirmar esta capacidad de pago se han realizado diversas pruebas de esfuerzo con el fin de estimar la desviación tolerable de los ingresos por peaje sin que la compañía incurra en incumplimiento de sus obligaciones. De este modo, se comprueba que con desviaciones de tráfico a la baja que no excedan del 68,5% para el conjunto del período de vigencia de la concesión, el valor neto del Ebitda es suficiente para cumplir con sus obligaciones financieras”.