Así fue el conflicto que rodeó al proyecto de Hidralia en Guatemala

La marcha de Hidralia, la empresa de la familia Castro Valdivia, de Guatemala, deja tras de sí una historia de conflicto en el municipio de Barillas, el lugar donde el empresario gallego Luis Castro intentó sin éxito instalar una central hidroeléctrica en el río Cambalam.

El proyecto, en realidad no de gran tamaño, desató un prolongado conflilcto con la comunidad local que recogió en un informe de diciembre de 2012 Intermon Oxfam, firmado por los investigadores indpendientes Arantxa Guereña y Ricardo Zepeda.

El documento relata como la desconfianza de la población, el ocultismo respecto al proyecto empresarial y las medidas «desproporcionadas» — según consideró la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos– tomadas por el Gobierno, generaron un estado de terror en la localidad.

Equipos de seguridad

Luis Castro Valdivia llegó a Guatemala tras hacer nombre en Galicia con las adjudicaciones de concesiones eólicas e hidroeléctricas de Manuel Fraga, que acabarían en una acusación de la Fiscalía por supuesto tráfico de influencias en el que estaba implicado su cuñado, el director xeral de Industria, Ramón Ordás Badía. La causa quedó en nada, para el empresario, que reunió cerca de un centenar de megavatios en la comunidad que posteriormente vendería en parte.

Hidralia tenía los permisos necesarios para iniciar la construcción de la central en Guatemala. En 2009, la empresa empezó a comprar a través de testaferros los terrenos para el inicio de la primera fase de la instalación (Cambalam I). Inicialmente fueron 10 hectáreas en 14 propiedades. Desde que arrancaron los trabajos en el río, la empresa estuvo flanqueada por personal de seguridad en un clima de desconfianza con la comunidad local, relata el informe.

Tensión y desconfianza

Los investigadores recogen varias causas de este clima de tensión. En primer término, acusaciones de algunos propietarios por coacciones y actos intimidatorios para que vendieran sus terrenos. En segundo lugar, la falta de información que tenía la comunidad, pues incluso se especulaba con que Hidralia estaba allí para extraer oro y mercurio de la catarata, una zona donde al parecer abundan.

Las ventas de los terrenos, según varios testimonios que cita el informe, se realizaron para el cultivo de café y cardomomo, pero nunca les comunicaron que se iba a construir una central hidroeléctrica.

Violencia contra un ingeniero

En 2009 se produjo el primer incidente, coincidiendo con el arranque de las obras. «Un grupo de vecinos de las comunidades más cercanas retuvieron a un ingeniero español junto a 14 trabajadores de seguridad de la empresa (un número superior al de policías que tiene el municipio), sustrayéndoles 13 armas y les obligaron a firmar un acta afirmando que la empresa se marcharía de la zona. Las armas fueron devueltas en enero de 2012 tras negociaciones con el Ministerio Público», relata el estudio.

Pero el conflicto estalló con mayor virulencia tres años después, en 2012, cuando Hidralia alquiló maquinaria pesada para construir una bodega y adecuar los caminos de acceso, cercando el espacio con una malla de alambre y aumentando el número de agentes de seguridad privada.

Quema de maquinaria y armas de guerra

En marzo de 2012, un grupo de personas retuvo a varios agentes de seguridad y les obligó a quemar parte de la maquinaria, causando a Hidralia pérdidas de 3 millones de dólares. Tres personas acabaron detenidas, aunque se emitieron órdenes de captura contra 23 vecinos.

Poco después se produjo la primera gran manifestación contra Hidralia en la que participaron 4.000 personas. Exigían la retirada de minas en la zona del proyecto, que nunca se aclaró si realmente existieron.

El municipio de Barillas fue uno de los más castigados por la cruenta guerra civil en Guatemala.

Los disturbios del 1 de mayo

El 1 de mayo, tres vecinos fueron tiroteados en Poza Verde, lugar próximo a la zona donde se ejecutaba el proyecto. Uno de ellos, Andrés Francisco Miguel, fue asesinado y otras dos personas gravemente heridas.

Un grupo de 200 personas asaltó el hotel donde se alojaba el personal de Hidralia, destruyeron la malla protectora de las obras, agredieron al oficial al mando y robaron armas. Otro grupo de vecinos retuvieron al juez de paz y lo obligaron a firmar un acta que exigiese la retirada de la empresa. El Gobierno respondió declarando el estado de sitio.

Despariciones y abusos sexuales

Según el informe, se movilizaron 400 agentes de la policía nacional civil y más de 200 efectivos del ejército de Guatemala. «De acuerdo con los testimonios recopilados, se produjeron patrullajes diurnos y nocturnos, allanamientos en viviendas, intimidación, robo de pertenencias, difusión de mensajes intimidatorios en radio y televisión, disparos al aire, hostigamiento a los niños para que revelasen el paradero de sus padres y abusos de autoridad», señalan los investigadores de Intermon Oxfam.

«Se denunciaron (aunque no de manera formal, sí se recibieron denuncias en organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) violaciones a los derechos humanos, incluyendo abusos sexuales a mujeres, sustracción de dinero y alimento, intimidación, destrucción de bienes, uso excesivo de la fuerza, decomiso de documentos de identificación y escrituras de propiedad y la desaparición de al menos 20 vecinos en las comunidades de San Carlos, Las Brisas, El Recreo y Santa Rosa», relata el documento.

Revivir el terror

Durante el estado de sitio, proliferaron las órdenes de captura y detenciones. Reapareció el clima de terror del conflicto armado que tanto había impactado al municipio. Numerosos líderes indígenas huyeron a las montañas o se exiliaron a México.

El 4 de julio se constituyó en Barillas una «comisión de mediación y diálogo» con el fin de resolver el conflicto y con el objetivo inmediato de adoptar una resolución acerca de la firma de un convenio entre la empresa y la municipalidad. Ese convenio se acabó firmando aunque bajo críticas de falta de representatividad, pues en la mesa negociadora no estaban los líderes contrarios a las obras, sino las personas más favorables al proyecto.

El fin del proyecto

Hidralia, que operaba bajo la filial Hidro Santa Cruz, logró rubricar un acuerdo, pero el proyecto siguió empantanado y, en los últimos años, bajo los rumores de que la empresa desistía de levantar la hidroeléctrica.

En la última semana de 2016, Ecoener-Hidralia confirmó que abandonaba la instalación hidroeléctrica ante la evidencia de que «los estándares de sostenibilidad y las exigencias técnicas y económicas que implica» lo hacían inviable.