Arranca la carrera de Ence por permanecer en Pontevedra
El medioambiental no será el único factor que tenga en cuenta la Xunta en su informe sobre la pastera
La carrera ha comenzado. Ence presentó esta semana en el Ministerio de Medio Ambiente, en Madrid, la solicitud de prórroga para poder permanecer en Lourizán más allá de 2018, cuando finaliza la actual concesión. Su intención es llegar a mantenerse al menos 75 años más. El tope fijado por la nueva Ley de Costas, a la que ahora se agarra para asegurar su pervivencia en la ría de Pontevedra.
Pero un movimiento desencadena otro. El Ministerio debe solicitar ahora a la Xunta de Galicia un informe medioambiental acerca de la situación de la pastera. La consellería de Agustín Hernández será la encargada de llevarlo a cabo.
Opinión “determinante”
Ence siempre ha manifestado que la opinión del Ejecutivo autonómico no sería decisiva para la valoración final del Ministerio. Sin embargo, el Diario de Pontevedra, indica que tanto fuentes del departamento del Ejecutivo central, como de la propia Xunta de Galicia, aseguran que la valoración de la consellería será “determinante”.
Pero, este informe no sólo se referirá a la “incidencia medioambiental” de la pastera en Pontevedra. Este viernes, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que el documento que emita el Gobierno gallego sobre la prórroga de Ence se producirá “después de hablar con la empresa y ver todo lo que está en juego”.
“Ence no seguirá en estas condiciones”
El dirigente popular ha avanzando que la permanencia de la fábrica en Lourizán no sólo tiene “incidencia ambiental”, sino que influyen “otros factores que deben ser tenidos en cuenta”, por lo que será una “decisión global”.
“Ence tiene que tener en cuenta que en las condiciones en las que está ahora no seguirá, por lo que habrá que negociar y hablar”, añadió el vicepresidente, argumentando que la versión del Gobierno gallego “ya es conocida”.
Ence ‘vende’ sus méritos
Pero si conocida es la postura de la Xunta también lo es la de la compañía. El presidente del grupo, Juan Luis Arregui, defendió hace menos de un mes en Pontevedra que sacar la factoría de la ría es “inasumible económicamente”. Tendría un coste, según sus cálculos, de 700 millones de euros.
Recientemente, la empresa dio a conocer un informe encargado a KPMG en el que trataba de reivindicarse de cara a su pretensión de permanecer en la ría. La pastera destaca los 160 millones que ha invertido en Lourizán desde 2006 para reducir “notablemente” su impacto ambiental, así como los 176,6 millones al año que desembolsa para proveerse.
