Anticorrupción investiga al presidente de Pescanova

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que admita a trámite la querella presentada contra el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y el consejero Alfonso Paz-Andrade por supuestos delitos de falseamiento de información económico-financiera, de las cuentas anuales, y uso de información relevante.

El informe ha sido presentado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Anticorrupción solicita además que se declare competente para investigar las querellas formuladas contra diversos directivos de la empresa gallega. Dos de esas querellas se dirigen contra Manuel Fernández de Sousa, el consejero Alfonso Paz-Andrade, y el socio de la firma BDO Auditores Santiago Sañé Figueres, en tanto que otras dos se dirigen extensamente contra todos los miembros del consejo de administración de las entidades Pescanova SA, BDO Auditores y Sabadell BS Bolsa FI, así como contra la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Información privilegiada

La Fiscalía también solicita que declaren en calidad de imputados los directivos Manuel Fernández de Sousa y Alfonso Paz-Andrade, además de las empresas Inverpesca, Sociedad Gallega de Importación de Carbones, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, Transpesca, Nova Ardara Equities, Golden Limit e Iber-Comercio e Industria, «exclusivamente» en relación con la presunta comisión de un delito del art.285 del Código Penal. Todas ellas son instrumentales a través de las cuales se ejerce el control de Pescanova.

En el texto se pide que se investigue a la multinacional Pescanova por «un presunto delito de falseamiento de información económico-financiera», mientras que a los accionistas de la multinacional pesquera José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas se les investigue por un «presunto delito de uso de información relevante».

Desestimado el recurso de Fernández

 De otro lado, el titular del Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra, Roberto de la Cruz Álvarez, ha dictado un auto en el que desestima el recurso de reposición presentado por Pescanova contra la decisión de apartar a Manuel Fernández de Sousa de la dirección del grupo y contra el nombramiento de un único administrador concursal. El magistrado se ratifica en su resolución del pasado 25 de abril y rechaza la pretensión de Pescanova de ser intervenida, en lugar de que suspendiesen sus facultades patrimoniales, según señala el auto judicial, recogido por Europa Press.

Por un lado, el juez rechaza el argumento de que esa suspensión tenga relación directa con la posible liquidación de Pescanova, como sostiene la empresa y, por otro, señala que «no pueden mantenerse las facultades patrimoniales de un deudor cuyo órgano de dirección y representación no es capaz de cumplir con la quizá más esencial de sus funciones, cual es elaborar las cuentas anuales».

En su auto, De la Cruz recuerda que «ni se ha cesado al consejo de administración ni el deudor ha perdido la posibilidad de presentar su propia propuesta de convenio», y se hace hincapié en que «administradores y apoderados del concursado tienen la obligación de colaborar, informar y atender a los requerimientos del juez y de la administración concursal».

Impugnaciones de accionistas

El magistrado se refiere también a decisiones adoptadas por Pescanova, como «no formular cuentas, no aceptar la auditoría, no presentar los estados financieros o los calificados como errores de información» que, en su opinión «serán decisiones más o menos correctas o disculpables», pero que «desde luego ponen de manifiesto un grado de parálisis social, reforzada por las evidencias de discrepancias internas».

El titular del juzgado Mercantil también es muy crítico con otras cuestiones, como el hecho de que no se promoviese la renovación del presidente del consejo de administración (Manuel Fernández de Sousa), lo que es «incompatible no sólo con la dirección rigurosa y única que debe llevar un proceso concursal de esta envergadura, sino que choca directamente con las virtudes que se hacen valer para defender un sistema de mera intervención». El recurso de reposición presentado por Pescanova, y ahora desestimado, fue, a su vez, impugnado por la administración concursal, por Corporación Económica Damm, Luxempart, Deustche Bank y Cooperatieve Centrale Raiffesen-Boerenleenbank (Rabobank), a través de su sucursal en España).