Amancio Ortega regula las relaciones de su grupo con los partidos políticos

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El Código de Conducta de Inditex establece todo un abanico de diques para contener cualquier atisbo de irregularidades

19 de febrero de 2014 (02:00 CET)

La obligación del cumplimiento del código de conducta interno de Inditex se recoge expresamente en los contratos de trabajo de los empleados, a quienes les entrega una copia con ocasión de su incorporación a la compañía. Fuera de las actividades de venta en tienda, en sus relaciones con terceros, “los empleados de Inditex evitarán, con carácter general, los pagos en metálico, y aquellos efectuados en divisas distintas a las previamente acordadas”.

La compañía gallega somete “a especial control y supervisión los pagos no previstos realizados a, o por terceros no mencionados en los correspondientes contratos, los realizados en cuentas que no resulten las habituales en las relaciones con una determinada organización o persona, los pagos realizados a o por personas, compañías, entidades o a cuentas abiertas en territorios calificados como paraísos fiscales y aquellos realizados a organizaciones en las que no sea posible identificar al socio, propietario o beneficiario último”.

Relación con las administraciones

En particular, el código establece que “ningún empleado de Inditex podrá ofrecer, conceder, solicitar o aceptar regalos, o dádivas a o de una persona física o jurídica con la que Inditex mantenga relaciones de cualquier tipo que, aislados o sumados entre sí en el periodo de un año, tengan un valor superior a 100 euros o su equivalente en moneda local”. “Los obsequios en metálico”, advierte el manual, “están expresamente prohibidos”. Y aquellos empleados que tengan relación con representantes de las administraciones públicas deberán estar específicamente autorizados por la compañía.

El código interno de la compañía establece que cualquier relación de Inditex con gobiernos, autoridades, instituciones y partidos políticos estará basada en los principios de legalidad y neutralidad. En concreto, alude a “las contribuciones que en su caso realice la compañía, en dinero y/o en especie, a partidos políticos, instituciones y autoridades públicas, se harán siempre de acuerdo con la legislación vigente y garantizando su transparencia, a cuyo fin, deberán ir precedidas de un informe de la Asesoría Jurídica que acredite su plena legalidad”.
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